La Fiscalía provincial de València ha presentado denuncia contra el exalcalde de Torres Torres, Alfonso Guillem (PP) por un presunto delito de «malversación de caudales públicos» cometido durante su mandato como presidente de la corporación local entre 2011 y 2015. El Ministerio Fiscal entiende que «no hay justificación documental de los gastos ocasionados en el ejercicio de su cargo» en cuanto a «dietas y gastos de viaje liquidadas por el denunciado» y añade que «en la relación mensual de pagos autorizados por alcaldía se aprecian gastos que difícilmente pueden ser considerados de interés general».
En la denuncia formulada por Fiscalía, se advierte que las liquidaciones por dietas no especifican el concepto por el que se abonan, pero, además, «el importe abonado es superior a lo establecido por decreto», que queda fijado en 37,4 euros al día para restauración y 8,33 diarios para otros gastos. Lo mismo sucede en el caso del kilometraje, denunciando que durante 2011 se abonaron 0,22 euros por kilometro, cuando la cantidad fijada reglamentariamente es de 0,19 euros, según el documento de la Fiscalía al que ha tenido acceso Levante-EMV. Dentro de esta misma partida se destaca también que hay «una incoherencia en la determinación de kilómetros recorridos y especificaciones poco concretas del lugar de desplazamiento».
Por último, el escrito pone de manifesto que «se han liquidado conceptos que carecen de interés municipal», y establece como ejemplo una reunión con Serafín Castellano u otra del PP en la Diputación de València.
El exalcalde cobró de fondos públicos entre 2011 y 2015 un total de 23.284 euros en dietas y 13.133 en desplazamientos, tal y como recoge la denuncia de la Fiscalía, en la que se acusa al exmandatario de Torres Torres de «actuación gravemente irregular al no aplicar los límites legales por dietas de manutención, kilometraje excesivo y comisiones por servicio no acreditados y conceptos no indemnizables».
Para la Fiscalía, el exalcalde «ha incumplido de manera reiterada» el reglamento de organización y funcionamiento y el régimen jurídico de las entidades locales, que recoge que «todos los miembros de la corporación tendrán derecho a recibir indemnizaciones por los gastos ocasionados en el ejercicio de su cargo, cuando sean efectivos y previa justificación documental».
Caber recordar que la denuncia de la Fiscalía llega tras una investigación iniciada en mayo, a partir de la documentación presentada por Compromís Camp de Morvedre. En esta base se encuentra el resultado de una auditoría a las cuentas municipales en la que se cuestionaban algunos aspectos económicos y financieros del municipio, aunque el informe adjunto de secretaría matizaba que no veía indicios de delito. El Ministerio Fiscal no comparte este criterio, así que traslada el caso al juzgado de instrucción de Sagunt para que se inicien las diligencias previas «debiendo -el exalcalde- ser citado a declarar como investigado,con requerimiento de aportación de cuántos documentos justifiquen y avalen el interés general de los gastos de manutención y dietas cuya legalidad se cuestionan».
El exalcalde de Torres Torres no ha querido hacer declaraciones tras la denuncia de la Fiscalía y solo ha adelantado a este medio que dará las explicaciones pertinentes donde considera que debe hacerlo «en el juzgado».
