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Les Corts exigen que la desaladora no le cueste ni un euro a Sagunt

La comisión de Infraestructuras aprueba una moción para que el Estado haga frente a los costes

Una imagen de la planta desalinizadora de Sagunt que lleva años acabada, pero sigue sin producir agua. daniel tortajada

La presión contra el Estado para que asuma los más de 60 millones de euros de la construcción, puesta en marcha y mantenimiento de la desaladora de Sagunt aumenta. El último apoyo a esta exigencia viene desde Les Corts, cuya comisión de Infraestructuras aprobó ayer una proposición no de ley (PNL) que exime al ayuntamiento de ese pago, al que se comprometió hace más de una década vía convenio con Aguas de las Cuencias Mediterráneas (Acuamed).

Transcurrido ese tiempo y con la planta completamente operativa, las instalaciones junto a Parc Sagunt siguen sin producir agua, pese al interés mostrado por algunas empresas de la zona, ya que ese paso obligaría a las arcas municipales a hacer frente a un pago aproximado de 2,5 millones al año para la amortización de esta desalinizadora, que se proyectó en un horizonte de crecimiento industrial y poblacional que se ha quedado muy lejos de cumplirse.

Esta PNL, planteada en un principio para las instalaciones de Xilxes-Moncofa y Orpesa-Cabanes, a las que se añadió Sagunt tras una enmienda del PP, insta al Ministerio de Transición Ecológica a que asuma el coste total de las plantas, a que las incorpore al sistema general de la Confederación Hidrográfica del Júcar, a que asuma la devolución de los fondos europeos -16,8 millones en el caso de Sagunt- si no empiezan a producir agua antes de marzo del año que viene y a que cumpla estos requerimientos en el plazo de seis meses.

Una de las impulsoras de esta iniciativa, la diputada de Compromís y exconcejala de Sagunt, Teresa Garcia, apunta que «las desaladoras son infraestructuras de planificación hídrica, así que no podemos compartir que se carguen sobre los usuarios del municipio en el que se han construido ni que produzcan un factor limitante para el desarrollo industrial, como es el caso de Parc Sagunt I y II». La nacionalista añade que el caso resulta más sangrante cuando «Acuamed y el ministerio se han hecho cargo de la construcción y explotación de otras desaladoras».

Desde el PP, mientras, el diputado y exalcalde de Sagunt, Alfredo Castelló, destaca que «vamos a tratar de que los saguntinos no tengan que hacerse cargo de los 65 millones de euros que supondría la puesta en marcha y mantenimiento de la desaladora que impuso el Gobierno socialista con el voto cómplice de Compromís e Izquierda Unida en Sagunto». El popular insiste en que «fue un capricho político, una trágala a la que obligaron a muchos ayuntamientos para generar actividad económica», que en el caso de Sagunt «fue un despilfarro al tener garantizado por ley el suministro de agua».

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