El exconcejal de Canet d'En Berenguer, Carlos García Mingarro, tiene hasta la próxima semana para devolver el dinero o presentar un plan de pago para reintegrar a las arcas municipales lo que cobró de más durante el anterior mandato municipal, cuando se convirtió en el primer edil tránsfuga de la comarca al apoyar al gobierno popular de Leandro Benito después de conseguir el acta con las siglas del PSPV.
Según el auto del juzgado número 6 de lo contencioso administrativo de València al que ha tenido acceso Levante-EMV, el juez ordena al ayuntamiento que fije la cantidad que García Mingarro cobró de más como concejal de gobierno con respecto a lo que hubiera percibido en la oposición, dinero que en un principio se apuntó que podría superar los 100.000 euros y que, según las últimas estimaciones transmitidas por el alcalde, oscila entre los 60.000 y los 80.000 euros.
Además, este dictamen, que se notificó a las partes el 5 de diciembre, impone un plazo de 10 días para que el tránsfuga presente su plan de pago o haga efectivo el abono a las arcas municipales o, en caso contrario, se iniciará el procedimiento de apremio y embargo contra los bienes del exedil. Fuentes cercanas a los denunciantes aseguran a este rotativo que «vamos a controlar y exigir el cumplimiento de los plazos».
Este requerimiento es ya uno de los últimos capítulos de un litigio que llegó hasta el Tribunal Supremo, que la primavera pasada tumbó la última vía de recurso de García Mingarro, quien recibió el primer revés judicial de manos del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunitat Valenciana.
Aquella sentencia obligaba al exconcejal a devolver las cantidades cobradas de más durante los más de tres años en los que tuvo responsabilidad en la gestión municipal como tercer teniente alcalde y edil de Deportes y Medio Ambiente con dedicación exclusiva, respecto a lo que hubiera percibido en caso de mantenerse en la oposición.
El Alto Tribunal inadmitió el recurso de casación de García Mingarro por «falta de fundamentación suficiente», centrada en la ausencia de referencias a la jurisprudencia que pudiera apoyar las tesis del exconcejal de Canet.
Larga batalla judicial
Esta batalla judicial la emprendió el grupo municipal socialista, que no se rindió pese a que un primer pronunciamiento favoreció al tránsfuga, al considerar que el PSPV no estaba legitimado para presentar el contencioso. El recurso ante el TSJ no solo tumbó este argumento, sino que apoyó las tesis socialistas sobre la base del artículo de la Ley de Régimen Local que señala que «los derechos económicos y políticos de los miembros no adscritos -condición que adquirió García Mingarro tras su expulsión del PSPV- no podrán ser superiores a los que les hubiesen correspondido de permanecer en el grupo de procedencia».
