Cuando parecía que el Ayuntamiento de Sagunt había alcanzado un acuerdo unánime, reforzado desde Les Corts, para que el Estado se haga cargo de los más de 60 millones de la construcción, puesta en marcha y funcionamiento de la desaladora, el programa de actuación, inversiones y financiación (PAIF) de Aigües de Sagunt para 2019 ha reavivado los fantasmas sobre la repercusión de estos costes en el recibo del agua de los vecinos de Sagunt.
Y es que este documento, al que dio luz verde el último consejo de administración de la empresa mixta que gestiona el ciclo integral del agua, contempla la entrada en funcionamiento de esta instalación durante el próximo ejercicio, «si prosperan las negociaciones entre el Ayuntamiento de Sagunt y Acuamed».
La consecuencia de este acuerdo sería «un nuevo convenio transitorio -que el equipo de gobierno ya hizo amago de presentar en el pleno de septiembre- que garantizaría tanto los fondos europeos -que ascienden a 16,8 millones de euros y tocaría devolver si la instalación no se pone en marcha antes de marzo del próximo año- como un escenario económico viable para la compra de agua, puesto que lo que se pretende es que su repercusión se reparta entre todos los usuarios del sistema Júcar».
De esta forma y siempre que se alcance ese acuerdo, añade el PAIF 2019 de Aigües de Sagunt, «se ha estimado que dicho impacto económico supondrá un mayor coste de producción por compra de agua en la empresa mixta por un importe de 190.000 euros, aproximadamente».
«Mentiras» a los ciudadanos
Tras este último giro, el grupo municipal del PP en la capital de El Camp de Morvedre ha denunciado que tanto el alcalde, Quico Fernández, como sus «cómplices» de gobierno «han ocultado hechos y mentido a los ciudadanos».
El portavoz Sergio Muniesa justifica estas palabras en que «en julio, el pleno aprobó una declaración institucional para exigir al Estado que se hiciera cargo de la amortización de la planta o, al menos, se repercutiera en todos los usuarios del sistema de cuenca. Sin embargo, dos meses después y sin informar a nadie, nos enteramos que estaba negociando con Acuamed la puesta en marcha de la instalación, que encarecería en cerca de 200.000 euros el coste de la compra del agua».
Esta maniobra, que no llegó a hacerse efectiva por la retirada de este punto del orden del día, tampoco supone una solución definitiva, ya que, según Muniesa, «en caso de aprobarse este convenio transitorio, después de tres años se aplicaría plenamente el acuerdo original firmado por PSPV, Compromís y EU», que contempla en su tabla de amortización un pago municipal de 1,5 millones por ejercicio, aunque la desaladora no produzca ni un litro de agua.
El portavoz popular considera que, en lugar de esta vía, el cuatripartito «debería plantarse en la defensa de los intereses de la ciudad y no conformarse con un "mal menor". Que utilice todas las vías para impugnar el acuerdo y garantizar el metro cúbico». En este sentido, Muniesa lamenta la «oportunidad perdida» durante la tramitación del Plan Hidrológico de Cuenca, contra el que «nosotros alegamos porque abría la puerta a sustituir el metro cúbico con la desaladora, pero el cuatripartito no se dignó ni a recurrir, como sí hicieron otros 13 ayuntamientos».
