El Music Port Fest que se celebró en julio en las inmediaciones de La Nau sigue envuelto en la polémica. Nuevamente el grupo municipal de Ciudadanos en Sagunt ha sido el encargado de alertar de que «este asunto tiene toda la pinta de acabar costándole a los vecinos de Sagunto más de 400.000 euros, ya que no solo vamos a tener que hacernos cargo de los compromisos que el gobierno local adquirió con la empresa promotora, íntimamente relacionada con Compromís, sino que, además, tendremos que afrontar judicialmente las demandas con las que esta empresa exigirá el pago de los importes pendientes de cobrar».
Así lo explica el portavoz de Cs, Raúl Castillo, quien añade que «la señora Antonino -en referencia a la concejala de Turismo- ha sido engañada deliberadamente por algunos de sus compañeros de gobierno y ahora se encuentra en una encrucijada de la que solo ella y siendo transparente podrá salir. Deberá plantearse su futuro como cargo público si no explica todos los pasos que se dieron antes, durante y después del festival».
Más allá de este consejo, el edil de la formación naranja avanza que «vamos a buscar apoyos para la convocatoria lo antes posible un pleno extraordinario para que la concejala y Quico Fernández den explicaciones de la gestión en este tema, ante la opacidad y la falta de documentación». Y es que la información transmitida a este respecto por el cuatripartito, «es insuficiente y esconde detalles clave para descifrar el desastre del festival. No se sabe nada de la venta de entradas o el número de asistentes, ni se ha puesto a nuestra disposición ningún contrato que establezca las condiciones en las que se iba a desarrollar el festival, como quién pagaba qué. Es un auténtico desastre y una tomadura de pelo a los vecinos».
«Clientelismos obscenos»
Castillo insiste en que Antonino y el alcalde de Sagunt «deben explicar con detalle lo ocurrido en el Music Port Fest, que desde su inicio estuvo rodeado de irregularidades, porque fue un apaño entre amiguetes de Compromís que se pensó mal, se gestionó acumulando ilegalidades, sin expediente administrativo, sin solicitud siquiera para su celebración, sin contrato que regulara la relación de la empresa promotora con el Ayuntamiento de Sagunto, con todos los informes posibles en contra y, aún así, se llevó a cabo. Este abuso institucional le va a acabar afectando gravemente a los responsables y a otras personas que se vieron arrastradas por estos clientelismos obscenos».
