Esquera Unida Sagunt y ADN Morvedre han pedido que el pleno de Sagunt inste Gobierno a convocar un referéndum de acuerdo a la Constitución para que los ciudadanos podamos decidir entre Monarquía y República. Un referéndum que ya se llevó a cabo en el barrio madrileño de Vicálvaro el mes pasado donde se mostraron mayoritariamente a favor de un modelo de Estado republicano. Así lo reflejaron los datos del referéndum popular realizado por la plataforma «Vicálvaro Decide». Además de la convocatoria, en el texto también piden que se «reafirme el compromiso con los valores republicanos» y « la abolición de una institución caduca y antidemocrática como la monarquía».
Éste es uno de los puntos principales que recoge la moción que presentarán ambas formaciones políticas en el próximo pleno ordinario de diciembre.
Esta petición se enmarca en la solicitud al gobierno del Estado de derogación del delito de injurias al rey y a la Casa real de los artículos 490.3 y 491 del Código Penal, igualando la protección penal del honor de esta figura a la del resto de ciudadanos.
EU y ADN Morvedre recuerdan que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) «tiene una jurisprudencia muy clara y sólida, en virtud de la cual los ordenamientos no pueden otorgar una protección especial y cualificada a sus cargos e instituciones más importantes sino más bien al contrario, han de permitir un mayor grado de crítica». Una reivindicación que surge tras conocer la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo que condena a España a devolver la multa que, a cambio de no ingresar en prisión, pagaron dos jóvenes condenados por quemar hace 11 años una foto del rey durante la Diada. La justicia europea considera que esa actuación fue «una expresión simbólica de la crítica política y que los tribunales españoles, la Audiencia Nacional y el Tribunal Constitucional, vulneraron el artículo 10 de la Convención Europea de Derechos Humanos relativo a la libertad de expresión».
Además, de estas dos propuestas, la moción pedirá el rechazo y la condena del posicionamiento del Rey Felipe VI y su intervención en el conflicto catalán, así como «su justificación de la violencia por parte de los cuerpos policiales el 1 de octubre», anota el texto que llevarán al pleno, al que se añade instar al gobierno y al Congreso de los Diputados a que se permita investigar en sede parlamentaria las acciones realizadas por el rey desde el año 2014, «momento en que deja de ser inviolable jurídicamente, y sobre quien recaen indicios suficientes de delito».
