Las sospechas de graves delitos de corrupción cometidos en el Ayuntamiento de Sagunt en anteriores mandatos han dado lugar esta semana a situaciones nunca vistas en el consistorio: Un exalcalde y diputado autonómico, Alfredo Castelló, al que la jueza le ha ofrecido declarar de manera voluntaria por la existencia de indicios contra él de presunta prevaricación y malversación, apenas poco después de que la exedil María Teresa Peris fuera detenida junto a otras seis personas -todas ellas puestas en libertad-, en una causa abierta por supuestos delitos de prevaricación, malversación y falsedad documental.
Las dos medidas se han enmarcado dentro de la denominada Operación Flotador y derivan de la investigación de la Unidad de Delitos Económicos (UDEF) de la Policía Nacional sobre presuntas irregularidades en el concurso convocado por el Ayuntamiento de Sagunt para la selección de un socio privado en la constitución de una sociedad mixta para gestionar el suministro de agua potable. Sin embargo, hasta dos sentencias de hace alrededor de una década bendijeron aquella adjudicación, que había sido aprobada en el pleno el 17 de mayo de 2007 durante el gobierno presidido por la socialista Gloria Calero: Una de la sala de lo Contencioso Administrativo número 8, fechada el 27 de mayo de 2009, y otra del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, del 21 de mayo de 2010.
Aquellas decisiones judiciales respondieron al recurso presentado contra esa adjudicación por una empresa del grupo Aguas de Barcelona que había optado sin éxito a ese concurso, Aquagest Levante SA.
El Tribunal Superior de Justicia, además de ratificar la sentencia anterior, condenó en costas al recurrente.
Expediente de interpretación
La constitución de la empresa mixta del agua, de hecho, se formalizó casi dos años después de lo previsto a pesar de que Alfredo Castelló, ya como alcalde, suscribió el contrato con Aguas de Valencia el 25 de junio de 2007, «en base al acuerdo del 17 de mayo», tal y como consta en un acta plenaria, en relación a la adjudicación.
Antes de eso, ante unas discrepancias surgidas «en cuanto al sujeto pasivo obligado al pago del canon y su cuantía», el ayuntamiento solicitó al Consell Jurídic Consultiu de la Comunidad Valenciana un expediente de interpretación contractual para aclarar si la cantidad que ingresaba el socio privado de 12,5 millones de euros era amortizable, como finalmente se concluyó, o no.
Todo ello, después de que Aguas de Valencia notificara al ayuntamiento unos ingresos «de 1.715.000 euros a la cuenta corriente de la sociedad en constitución Aigües de Sagunt S.A., en concepto de desembolso del capital social privado, correspondiente al 49% de participación y otro de 12.052.569 euros (una vez descontados 482.103 euros de ITP) en una cuenta corriente del ayuntamiento en concepto de canon », como también se recogía en un acta del pleno.
El exalcalde de Sagunt, Alfredo Castelló, ya aseguró en declaraciones a los medios de comunicación que el pago de los 12,5 millones (con impuestos incluidos) sí se realizó al ayuntamiento y que no entendía «dónde narices está la malversación» de 24 millones de euros a las arcas públicas municipales, pues «el pliego de condiciones y todos los informes de ese concurso público decían que había que pagar 12, que se pagaron». «Esto no va a tirar hacia adelante. no tienen ningún sentido todo este procedimiento... Está lleno de errores», sostenía en los pasillos de les Corts poco después conocer el auto de la jueza de Instrucción número 4 de Sagunt donde le comunicaba la existencia de indicios de delitos de prevaricación y malversación por la adjudicación del concurso del agua.
A la espera de decidir si irá a declarar al juzgado o si presentará un escrito, Castelló aseguraba que en todo caso dirá «bien clarito lo que hay»dirá «bien clarito lo que hay» y reiteraba que el acuerdo de adjudicación se tomó en el pleno antes de que él gobernara.
