El teniente alcalde del Ayuntamiento de Sagunt, Pepe Gil, ha explicado que la demora en la ejecución del «sendero azul» ha venido determinada por distintas circunstancias, entre ellas, la negativa de las tres administraciones implicadas a que se desarrollara la obra en los términos que recogía el proyecto presentado, «ya que lo que contempla hacer no es posible hacerlo en esas zonas, por muchos motivos, uno de ellos, los equipamientos previstos, que nunca pueden ser instalados en ese tipo de zonas». Este fue unos de los motivos esgrimidos por las tres administraciones implicadas en el proyecto para tumbarlo, según Gil, «pero habían bastantes más», aseguraba en declaraciones a Levante-EMV.
Esto obligó a redactar un nuevo proyecto, añadía, para lo que se «optó por adjudicar la redacción de éste a una ingeniería», tras las negativa de las arquitectas que redactaron el primero a volverlo a hacer.
Con esta explicación, Gil ha querido dar respuesta a las acusaciones del PP de Sagunt, en las que atribuye el retraso del sendero a una «nefasta gestión», del equipo de gobierno. Declaraciones que el teniente alcalde tilda de «desfachatez supina».
El concejal de Compromís también responde a las críticas de los populares sobre la inversión del proyecto que el PP tachan de «un ejemplo claro de empastrar todo lo que tocan y mostrar su enorme capacidad para generar problemas», después de conocer que asciende a 330.000 euros y que correrá a cargo de Red Eléctrica. A este respecto, Gil también aclara que «la dotación económica no estaba» y que «recientemente se ha formalizado con Red Eléctrica el destino de parte del convenio que se firmó en 2015 por el anterior ayuntamiento».
En cuanto al proceso que se ha seguido, Gil revela que el proyecto fue encargado, realizado y pagado (la parte que se certificó) a tres arquitectas, que estuvieron un tiempo contratadas a través de un programa de empleo y que acababan de terminar su carrera. Trabajo que se realizó después de que finalizasen su relación con la administración local», matizaba. Después «hubo que alinear las tres administraciones (Costas, Confederación y conselleria», que dieron el no por respuesta, y nuevamente, tener que encarar otro proyecto, unos trámites que «han costado bastante más tiempo del deseable», terminaba.
