28 de febrero de 2019
28.02.2019

Condenan al exsecretario de Canet a 6 años de cárcel y a pagar 45.500 euros por facturar informes inexistentes

Sancho Sempere ha sido declarado culpable de los delitos continuados de prevaricación administrativa, falsedad documental y malversación de caudales públicos

28.02.2019 | 16:46
Sancho Sempere durante el juicio.

La trama de las asesorías sigue pasando factura al exsecretario de Canet d'En Berenguer, José Antonio Sancho Sempere, a quien la Audiencia Provincial de València ha condenado a 6 años de cárcel y a devolver los casi 36.500 euros que facturó al consorcio de Museos de la Comunitat Valenciana por trabajos inexistentes entre 2007 y 2010.

En esta ramificación del complejo procedimiento judicial que se sigue contra el que fuera durante años el máximo responsable jurídico del consistorio canetero, la sentencia declara culpable a Sancho Sempere de los delitos continuados de prevaricación administrativa, falsedad en documento mercantil y malversación de caudales públicos, lo que, además de la pena de cárcel y el reintegro de los fondos, también conlleva inhabilitación absoluta durante 6 años para cualquier cargo o función pública y el pago de una multa 9.000 euros. En su escrito de acusación, el Ministerio Fiscal también había señalado al exsecretario por un delito continuado de falsedad en documento oficial cometido por un funcionario, único cargo del que el tribunal ha absuelto a Sancho Sempere.

En el fallo dictado hace unos días, la sección segunda de la Audiencia Provincial desgrana el modo de operar de este entramado corrupto, del que también se ha considerado culpable a quien era interventor del Consorcio de Museos, Rafael Parra.

Con el objetivo de «obtener un lucro económico», los acusados se valieron de varias entidades, como la Academia Valenciana de Juristas, Asesores Económicos Públicos, Asesores Profesionales y Millena III Mileno, para poner en marcha un sistema que eludía «las exigencias derivadas de la Ley de Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas, ya que ambos eran funcionarios» y les servía para obtener «dinero público de forma continuada, con destino a su propio patrimonio y proveniente del Consorcio de Museos».

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