El exalcalde de Quartell afirma que hubo errores en el sector B "pero nada ilegal"

El exalcalde de Quartell, Francisco Huguet (PP), considera que la auditoría urbanística encargada por el actual equipo de gobierno dice «verdades a medias» que dan «una visión inexacta de cómo se tramitó el sector B» debido a que «falta documentación que explique el total desarrollo del proceso»; unos datos fundamentales, a su juicio, porque «hubo cosas mal hechas, pero eran errores. No hubo nada ilegal, ni tratos de favor», aseguraba.

Huguet rompió ayer su silencio e hizo estas declaraciones a Levante-EMV después de que este diario publicara las principales conclusiones de una auditoría que cuestiona numerosos pasos dados en esa tramitación que también investiga el juzgado como una pieza separada del caso Avialsa en el que se llegó a detener al exconseller Serafín Castellano y al propio exalcalde de Quartell.

Según el exmandatario, el informe realizado por el abogado urbanista, José Miguel Pérez Abellán, «no explica todo, ni que el suelo dotacional cedido en principio gratis a la empresa para hacer 99 viviendas de Protección Oficial destinadas al alquiler, reportó al final unos ingresos al ayuntamiento de más de medio millón de euros. Y fue así por una razón: Se decidió que los pisos se pudieran vender y, en esos casos, la ley ya no permitía la cesión gratuita que sí recogía en el alquiler, así que se modificó».

En concreto, asegura que el consistorio cobró por aquel suelo

«medio millón de euros en efectivo y otros 130.000 euros en mejoras, como la construcción de un parque»; una operación «aprobada por unanimidad en el pleno, como se puede comprobar en las actas», por más que la auditoría revele ahora que, al tratarse de suelo dotacional «era incompatible la edificación de uso residencial en régimen de venta».

Pese a que el informe de Pérez Abellán también afea que esa cesión se hiciera «sin pública concurrencia», Huguet lo atribuye a que el consistorio «simplemente actuó como estaba previsto entonces en un convenio firmado entre la Federación Valenciana de Municipios y la Conselleria: Si un ayuntamiento quería hacer VPO, no tenía que sacar la obra a concurso. Contactaba directamente con una de las empresas que la conselleria había homologado; exactamente lo que hicimos escogiendo a la primera o segunda empresa en este ámbito, no a una cualquiera».

Por ello, además de insistir en que «todo esto se puede probar con documentos», concluía que la auditoría «sólo detalla los pasos que se dieron al principio cuando se decidió impulsar una finca de VPO destinada al alquiler y se cedió gratis el dotacional a una empresa, pero no por un trato de favor a nadie, sino porque así se hacía en Quartell y en cualquier municipio, siempre que fuera para hacer VPO en alquiler». Y lamenta que «sólo aluda, pero no incluya» un informe del Secretario-Interventor realizado en 2005 «sobre la fundamentación de la viabilidad de la construcción de viviendas de protección oficial en suelo dotacional cedido gratuitamente al constructor y el sistema elegido para la designación del contratista»; unas actuaciones que, sin embargo, la auditoría sí cuestiona.

Suscríbete para seguir leyendo