La trama de las asesorías sigue pasando factura al exsecretario de Canet d'En Berenguer, José Antonio Sancho Sempere, a quien la Audiencia Provincial de València ha condenado a 6 años de cárcel y a devolver los casi 36.500 euros que cobró del Consorcio de Museos de la Comunitat Valenciana por trabajos inexistentes entre 2007 y 2010.
Como desenlace de esta ramificación del complejo procedimiento judicial que se sigue contra el que fuera durante años el máximo responsable jurídico del consistorio canetero, la sentencia dictada hace unos días declara culpable a Sancho Sempere de los delitos continuados de prevaricación administrativa, falsedad en documento mercantil y malversación de caudales públicos.
Estos cargos conllevan, además de la pena de cárcel y el reintegro de los fondos, la inhabilitación absoluta durante 6 años para cualquier función pública y el pago de una multa 9.000 euros. En su escrito de acusación, el Ministerio Fiscal también señalaba al exsecretario por falsedad en documento oficial cometido por un funcionario, único cargo del que el tribunal le ha absuelto.
En el fallo, que es recurrible ante el Supremo, la sección segunda de la Audiencia Provincial desgrana el modo de operar de este entramado corrupto, del que se han considerado culpables a Rafael Parra, quien era interventor del organismo público del Consorcio de Museos, y al propio Sancho, en su condición de «cooperador necesario».
Con el objetivo de «obtener un lucro económico», los acusados se valieron de varias entidades, como la Academia Valenciana de Juristas, Asesores Económicos Públicos, Asesores Profesionales y Millena III Mileno, para poner en marcha un sistema que eludía «las exigencias derivadas de la Ley de Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas, ya que ambos eran funcionarios» y les servía para obtener «dinero público de forma continuada, con destino a su propio patrimonio y proveniente del Consorcio de Museos».
Primer pago en 2007
En 2007 se abonó el primer pago irregular de 31.900 euros a una de estas entidades, después de «omitir los requisitos de la contratación pública». Las facturas, que «fueron confeccionadas para aparentar un trabajo no realizado sin responder a una verdadera prestación de servicios», recogen en sus conceptos las asistencias técnico jurídicas tanto para «la elaboración de las cuentas anuales y demás trabajos de tenedurías de libros y otros afines» como para «la justificación de la subvención de la Generalitat Valenciana y demás trabajos de tenedurías y otros afines».
En un modus operandi que se repitió hasta 2010, este dinero se transfería entre las empresas controladas por Sancho y Parra por trabajos de asesoría y colaboración en materias de Personal y Contabilidad que los acusados no pudieron justificar, más allá de algunos informes presentados durante el juicio, firmados a fecha muy posterior a la factura.
El exsecretario trató de eludir la condena con el argumento de que no era él quien controlaba las organizaciones empresariales que facturaban al consorcio, aunque varios testigos, que aparecían en los órganos directivos de los registros de esas firmas y avalaron con su rúbrica múltiples documentos sospechosos, reconocieron que no habían realizado trabajos para el organismo cuyo interventor era Parra y que «lo relativo a las cuentas lo controlaba Sancho Sempere», quien «daba las órdenes, proporcionaba el despacho, disponía de los sellos de las entidades y nadie le cuestionaba sus decisiones por la relación de plena confianza», como consecuencia de ser «una persona de renombre en el ámbito de la abogacía».
La Audiencia Provincial de València utilizó como una de las bases para la condena el informe elaborado por la Policía Judicial de la Guardia Civil, que alerta de «la recepción de dinero público por la realización de supuestos trabajos, de cuya gran mayoría solo se ha podido constatar la existencia de facturas de cobro y transferencias bancarias, cuyo beneficio iba a parar a Sancho Sempere».
Irregularidades
En una instrucción en la que llegó a declarar el expresidente del Consorcio de Museos y exsecretario autonómico de Cultura, Rafael Miró, que se desvinculó de los hechos delictivos, el juzgado también contó con un informe pericial técnico contable, que detecta el fraccionamiento irregular de contratos, entre otras ilegalidades.
En sus conclusiones, el juzgado considera evidente que los dos acusados «concertaron un plan, con la única finalidad de menoscabar los fondos públicos, soslayando toda normativa administrativa y sin tramitar expediente alguno de adjudicación de las referidas prestaciones, que, además, no se corresponden con ninguna contraprestación real y lícita». Y es que Sancho y Parra no solo «hicieron más o menos dejación de sus funciones -que indudablemente lo hicieron- sino que confeccionaron documentos con el fin de simular y además, algunos apoyados por documentación 'justificativa de trabajos efectivamente realizados' creados ex proceso con no pocos errores en cuanto a fechas y a contenido, por lo que resulta más fácil y aparente darse cuenta de que se faltaba totalmente a la verdad en ellos».
