La advertencia lanzada por Sagunt tras detectar una quincena de pozos ilegales y peligrosos se ha transformado en alarma, después de conocerse que varios de ellos se encuentran próximos a zonas habitadas y todos tienen un acceso fácil para las personas. Además, según confirman tanto desde el ayuntamiento como del Consell Agrari, todos ellos presentan un tamaño suficiente para que se repita un trágico accidente como el que le ocurrió al pequeño Julen cuando hace unas semanas cayó en un agujero de este tipo en Totalán.
El consistorio lanzó la alerta después de identificar estas 15 perforaciones ilegales en terrenos rurales de propiedad privada, «de las que sabemos de su peligrosidad desde hace tiempo, pero habrá más que no tenemos tan controladas», según admiten fuentes municipales.
Así y además de reclamar a los propietarios de parcelas con pozos de este tipo que los tapen, antes de toparse con una multa que rondaría los 3.000 euros, el ayuntamiento apunta que ya está en marcha el procedimiento para requerir a los titulares de suelo con agujeros peligrosos para que procedan a su sellado con el objetivo de evitar incidentes.
Mientras Sagunt ha hecho este modesto inventario y ha procedido en algunos casos a la señalización «en precario» de las perforaciones más peligrosas, la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) apunta que en todo su ámbito hay inscritos 24.500 pozos, que «en principio, no deben suponer ningún problema de seguridad para terceros, porque están equipados con bombas y tuberías que, normalmente, están dentro de casetas en las que no está permitido el acceso».
Sin embargo y según certificaron ayer guardias rurales de Sagunt, algunos de los 15 pozos ilegales detectados cuentan con este equipamiento, incluida una construcción de lo protege, pero está abandonado y ofrece un acceso libre a cualquier curioso o imprudente que quiera echar un vistazo.
Sellado inmediato
Los servicios de inspección y vigilancia del Dominio Público Hidráulico de la CHJ son los encargados de detectar estos pozos, que, una vez requerida sin éxito la legalización al propietario del terreno, desembocan en un expediente sancionador. En los casos en los que se declara la ilegalidad de un sondeo o se deniega la concesión de aguas subterráneas o la inscripción de un aprovechamiento, el Reglamento del Dominio Público Hidráulico contempla el sellado inmediato del pozo.
Este departamento también tramita las denuncias presentadas por particulares, el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) u otras administraciones. En todo su ámbito, la CHJ ha impuesto multas por un valor total próximo a los 150.000 euros durante los últimos tres años.
