Los servicios de inspección y vigilancia del Dominio Público Hidráulico de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) son los encargados de detectar la existencia de pozos sin autorización. Tras las comprobaciones pertinentes, el siguiente paso del procedimiento es abrir diligencias para instar a la legalización del pozo por parte de los propietarios y, si no es posible, se inicia el expediente sancionador, con la denuncia de 3.000 euros al responsable. La CHJ ha tramitado durante los últimos tres años medio centenar de multas de este tipo.
