El Pleno del Consell aparcó ayer por segunda vez en 8 días la protección de casi 276 hectáreas de la montaña de Romeu que linda con la cantera que explota Lafarge en Sagunt; una decisión aplaudida por los más de cien trabajadores de la cementera y empresas auxiliares que se habían concentrado ante el Palau de la Generalitat para mostrar su desacuerdo con una medida que, según la cementera, «pone en peligro» su continuidad en Sagunt.
Cuando todo parecía listo para que la protección se ratificara con todos los informes a favor, a última hora, se volvió a dejar sobre la mesa de forma unánime por la misma duda jurídica que llevó a posponerla la semana pasada, pero con más incertidumbre por algo inesperado: La Consellera de Medio Ambiente, Elena Cebrián, y el subsecretario autonómico Fran Quesada habían hecho constar por escrito la existencia de una «cierta inseguridad jurídica no resuelta» respecto a la posible responsabilidad patrimonial de la Generalitat, si se aprobaba.
Así lo explicaron a Levante-EMV fuentes del PSPV, que lamentaban «estos titubeos de responsables de Compromís en la conselleria» y ratificaban su apoyo a la protección del paraje, rechazando que esto «ponga en peligro la fábrica de Lafarge, porque es compatible y hay tiempo para buscar alternativas al tener prorrogada la ocupación actual de la cantera», decía el portavoz del PSPV-PSOE en Sagunt, Miguel Chover, además de «pedir tranquilidad», agregó.
La compatibilidad con la fábrica también fue esgrimida por el grupo municipal de Compromís y por el alcalde, Quico Fernández, quien llegó a pedir la dimisión de la consellera de Medio Ambiente, Elena Cebrián, si «no rectifica» y se aprueba el paraje natural. «Las instituciones y autoridades estamos para defender a los ciudadanos de los abusos», dijo además de rechazar que pueda haber dudas jurídicas y recordar argumentos municipales, como que no hay una limitación adicional para Lafarge tras la sentencia de 2016. «Para eso no hemos venido al Botànic», afeó también a la consellera la diputada autonómica de Compromís, Teresa Garcia.
El comité de empresa aprovechó el aplazamiento para pedir una entrevista con el presidente Puig y con Cebrián «para compatibilizar el paraje, la cantera y la fábrica». Desde UGT y CC OO a nivel comarcal se incidió en la necesidad de buscar esa compatibilidad y el último sindicato hasta pidió la convocatoria de una mesa de diálogo social para encontrarla.
