El comité de empresa de Lafarge ha anunciado movilizaciones antes y después de las elecciones si, finalmente, el Pleno del Consell aprueba la protección de todos los terrenos municipales de la montaña de Romeu cercanos a la cantera que explota la compañía.

En un comunciado remitido a esta redacción, el comité denuncia una "legislatura de persecución política a la empresa sin precedentes" y considera que esta decisión de proteger Romeu "puede llevar al cierre de una industria que genera grandes beneficios sociales y económicos".

Según aseguran: "Desde el comienzo de esta legislatura, en la que el actual alcalde D. Francesc Fernández y

su grupo Compromís han gobernado esta ciudad, la fábrica de cemento de Lafarge está sufriendo

un acoso y persecución política sin precedentes en cualquier ámbito, con el único fin de cerrar la

cantera y la fábrica. Y con este objetivo, no se ha dudado de utilizar los medios más viles y rastreros, de

dudosa legalidad, y sin ningún tipo de escrúpulo".

A su juicio: "La persecución comenzó nada más ser investido alcalde El Sr. Fernández, nombrándose

por su cuenta a sí mismo juez y parte, y declarando ilegal el convenio entre la empresa y

Ayuntamiento, para así, compatibilizar la declaración de paraje natural con la utilización de la

cantera que provee de piedra caliza a la fábrica de cemento para su fabricación".

Según apuntan: "Como pudimos demostrar los trabajadores en nuestras movilizaciones, el convenio no

solo no era ilegal, sino que bien al contrario es perfectamente viable y la mejor solución para la

creación del Paraje Natural Municipal y su mantenimiento".

Para los representantes de los trabajaodres: "La continua presión sobre la fábrica durante toda la legislatura, en la que el alcalde ha

recurrido a todos los medios, ha llegado incluso a perjudicar gravemente a una cooperativa de

trabajadores como Transmorvedre obligándoles de un día para otro y sin previo aviso, a

realizar un recorrido de diez kilómetros por viaje mayor que el que realizaban, con el único

propósito de perjudicar a la fábrica a través de esta cooperativa de trabajadores que realiza el

transporte de caliza a la planta, aun causándoles graves perjuicios económicos".

"Esta persecución puede tener al terminar la legislatura un dramático final. Este

viernes Compromis pretende que se apruebe por decreto en el Consell Valenciano, una

declaración de paraje Natural que prohíbe de facto toda capacidad extractiva de mineral calizo,

lo que sin ninguna duda puede provocar a corto plazo el cierre de la fábrica de cemento con sus

dramáticas consecuencias, pues no solamente provocara la perdida de trabajo de todos los

empleados directos e indirectos, sino que además producirá el cierre de más empresas auxiliares", prosiguen.

Por ello, concluyen: "El objetivo de Compromís encabezado por el Alcalde D. Francesc Fernández, lo hemos

tenido claro desde el principio los trabajadores de la fábrica. Lo que no alcanzamos a

comprender, es cómo el resto del equipo de gobierno le acompaña en esta cruzada, partidos que

se dicen de izquierda, Como EUPV, Podemos y PSOE. Éstos grupos de izquierdas, siempre que

han hablado con nosotros dicen apoyarnos y estar a favor de la continuidad de la Fábrica, no

entendemos como no ponen solución a semejante persecución".