«La desaladora de Sagunto se ha concluido de modo satisfactorio, de forma que está técnicamente preparada para proporcionar agua desalada de manera inmediata, por lo que se considera plenamente funcional». Así lo aseguran fuentes de Aguas de las Cuencas Mediterráneas (Acuamed) a Levante-EMV, además de añadir que esa funcionalidad y no su puesta en marcha es el requisito impuesto por Europa para no tener que devolver los casi 19 millones de euros de fondos Feder que se utilizaron para la construcción de esta polémica instalación.
Esta aclaración se produjo justo el día en el que el pleno extraordinario del Ayuntamiento de Sagunt rechazó la última propuesta de la empresa estatal para que la desalinizadora entre en funcionamiento, después de meses de negociaciones, según reiteró el alcalde, Quico Fernández, en los que Acuamed ha presionado al consistorio con la necesidad de alcanzar un acuerdo antes del 31 de marzo de este año para no perder esos fondos europeos.
Ajeno a este giro de la situación, el pleno tumbó ayer por unanimidad un convenio provisional que obligaba al consistorio a comprar durante los próximos tres años entre 1,2 y 1,8 millones de metros cúbicos de agua desalada con un coste entre 733.000 y 892.000 euros. El motivo, según resumió el alcalde con el aval de varios informes municipales, es que «Acuamed no ha cumplido con sus obligaciones».
Se refería Fernández a cuatro cuestiones fundamentales, entre las que destaca la falta de justificación del sobrecoste de 16,5 millones entre los 43,5 millones que la empresa estatal asegura haber gastado en la desalinizadora a 31 de diciembre de 2017 y los 27 millones que se recogían en el convenio original suscrito en enero de 2007 entre las dos partes.
Los otros motivos que llevaron al pleno a rechazar la última propuesta de Acuamed son que la parcela que ocupa la planta no ha adquirido la condición de solar, pese a los reiterados requerimientos municipales para completar la documentación; que no ha justificado los cálculos para determinar que el precio de venta del agua desalada a Sagunt oscile entre los 0,465 y los 0,657 euros por metro cúbico; o que la empresa estatal no ha tenido en cuenta las implicaciones que este acuerdo tendría en la alteración del equilibrio económico financiera de la concesión del ciclo integral del agua a Aigües de Sagunt.
El alcalde insistió en que «hemos tratado de ajustar al máximo la propuesta de Acuamed, pero finalmente no ha sido posible», porque «existen una serie de factores que no han sido aclarados, así que sería una irresponsabilidad por nuestra parte asumir la puesta en marcha de la desaladora».
Antes de valorar una solución provisional que pasase por la venta de agua a Sagunt, el ayuntamiento ha planteado en varias ocasiones durante los últimos años la necesidad de que no solo sea la ciudad la que asuma la amortización y explotación de la desalinizadora, con pagos mínimos de 1,5 millones al año, sino que se repercuta en todos los usuarios de la cuenca del Júcar. Desde la empresa estatal se ha coincidido en la conveniencia de modificar las condiciones del convenio original, pero esa voluntad nunca se ha llegado a plasmar en un acuerdo que no limite la responsabilidad económica al ámbito municipal.
