El pleno del Consell aprobó este viernes finalmente la protección de casi 276 hectáreas de monte público colindantes a la cantera que explota LafargeHolcim en Sagunt, una medida que a juicio de la empresa amenaza de nuevo su futuro en la localidad al confirmar un extremo: Que las 33 hectáreas que puede explotar en esa montaña hasta 2042 no podrá ampliarlas por ese paraje cercano donde, desde hace décadas, tiene derechos mineros.
Por más que la multinacional haya alertado dos veces en los últimos días de que los actuales términos de la protección de ese paraje «ponen en peligro» la continuidad de su fábrica en la localidad y 650 empleos, el Pleno del Consell aprobó la declaración de Paraje Natural Municipal de la montaña de Romeu, tal y como había pedido la mayoría del pleno del ayuntamiento con varios argumentos: El valor medioambiental del lugar, la imposibilidad de ampliar la cantera por Romeu que ya dejó clara una sentencia del Supremo en 2016 y la protección de este paraje en la nueva Ley de Ordenación del Territorio (Lotup), al estar a menos de 10 kilómetros de la costa, entre otros.
Precisamente, el gobierno local de Compromís, EU, PSPV-PSOE y ADN Morvedre insistió ayer en pedir «tranquilidad» y «serenidad», al ver «perfectamente compatible» la continuidad de la cementera con una protección que a juicio del alcalde, Quico Fernández, convertía la jornada en un «día histórico».
La multinacional, no obstante, anunció acciones legales, reiteró que la protección del paraje propuesta «amenaza seriamente su continuidad» en la localidad y reivindicó la delimitación pactada con el consistorio en 2013, con un paraje natural de menor tamaño, cuando aún no se había producido ni la sentencia del Supremo ni el cambio en la Lotup.
La compañía lamentó además que, «sin establecer ningún diálogo, el Consell ha cedido a la presión de ciertos colectivos y grupos políticos que prefieren el cierre de la fábrica antes de abordar una posible solución que beneficie a ciudadanos y a trabajadores», decía en un comunicado pese a que la plataforma vecinal que lleva más de 10 años reclamando la protección del paraje insistiera esta misma semana en no buscar «ningún cierre, ni ningún despido, sólo que el monte público se preserve».
Último informe favorable
El visto bueno del Consell llegó después de dos aplazamientos en los últimos 15 días por una «duda jurídica» que ayer se resolvió con un nuevo informe de la Abogacía del Estado donde, según fuentes próximas al Consell, se descartaba la posible responsabilidad patrimonial de la Generalitat por los derechos mineros de la cementera. El documento había sido pedido a última hora por la consellera de Medio Ambiente, Elena Cebrián, después de que LafargeHolcim alertara de las consecuencias y los trabajadores de la factoría empezaran a hacer público su malestar.
Entre este último colectivo, la noticia de la aprobación del paraje supuso «una desagradable sorpresa» que «cayó como un mazazo», como reconocía a Levante-EMV el presidente del comité de empresa, Félix Vélez de Guevara, quien daba por seguro el inicio de acciones legales contra la decisión por parte de los empleados, además de movilizaciones, «para defender nuestros puestos de trabajo».
Conscientes de la preocupación de los trabajadores de Lafarge y de las empresas auxiliares, el gobierno local y los portavoces de la plataforma vecinal procuraron contener en público las muestras de alegría. Aún así no faltaron lágrimas de emoción de la diputada autonómica Teresa Garcia tras un largo proceso que, en opinión de muchos en el cuatripartito, «sienta las bases de la legalidad y da paso a negociar de nuevo con Lafarge para que no se pierda ningún empleo».
