Los trabajadores de Lafarge tomaron ayer la palabra en el pleno de Sagunt para mostrar su rechazo al «decretazo» aprobado por el Consell para la protección de la montaña de Romeu. Su portavoz, Félix Vélez de Guevara, exigió al cumplimiento del convenio firmado en 2013 entre la empresa y el consistorio, que «nadie ha declarado ilegal, se aprobó por amplia mayoría y estuvo avalado por el secretario». Además, recalcó el coste de la declaración «festejada» por el gobierno municipal tanto «para las personas como para la economía de la ciudad».
En un tono que fue aumentando su tensión, aunque sin llegar a las cotas alcanzadas hace unos meses, los concejales de Medio Ambiente, Enric Ariño, y de Urbanismo, Pablo Abelleira, respondieron a Vélez de Guevara. El primero insistió en la «coherencia» de Compromís por la protección de esta «propiedad municipal», mientras que el segundo señaló que la Justicia será la que acabe de determinar qué postura se ciñe a la legalidad, aunque admitió que «desde mi punto de vista, el convenio de 2013 ya contemplaba la protección de la montaña de Romeu».
