El Ayuntamiento de Gilet confía en haberse librado de la losa que ha supuesto durante los últimos años una serie de sentencias condenatorias que ha lastrado sus arcas. Y es que, con la oposición de PP, Compromís y EU, el pleno dio luz verde a la adhesión de un fondo del Ministerio de Hacienda que le permitirá disponer de un préstamo de algo más de 1 millón de euros. Esta cantidad, según celebra el alcalde, Salva Costa, en palabras a Levante-EMV, «resuelve todas las sentencias que teníamos pendientes de pago».
El pronunciamiento judicial que más caro le ha salido a Gilet tiene que ver con el fallido programa de actuación integrada (PAI) que iba a permitir disponer de un nuevo campo de fútbol municipal. Sobre este asunto, el socialista explica que «el agente urbanizador desapareció en el momento de la expropiación y el juzgado determinó que el ayuntamiento era responsable subsidiario, con la condena de indemnizar a los propietarios con 800.000 euros».
De esa cantidad, el consistorio fue capaz de rescatar 345.000 del aval del PAI, una cantidad que ahora se aprovechará para devolver el préstamo concertado con el Hacienda. Este crédito, que está previsto firmarse esta misma semana, cuenta con un periodo de amortización de 10 años, aunque el ayuntamiento no tendrá que empezar a devolverlo hasta 2021.
La otra sentencia a la que se hará frente con este fondo estatal es la que condenó al Ayuntamiento de Gilet a pagar algo más de 200.000 euros por los proyectos elaborados por un técnico externo. Acerca de este caso, Costa señala que «estos fueron unos encargos del equipo de gobierno del PP referentes al Balcón de la Penya y el Camí del Convent, que se aseguró que los vecinos pagarían. Aunque les advertimos que eran innecesarios, ellos quisieron seguir hacia adelante, pero nadie se hizo cargo de estos proyectos y la Justicia le dio la razón al técnico que denunció al ayuntamiento».
Este punto centró el interés del pleno de Gilet, en el que también se dio luz verde a la prórroga del acuerdo con la Diputación de València para que la administración provincial se siga haciendo cargo de la recaudación de determinados impuestos en esta localidad de la Baronia.
