Sindicatos, trabajadores y directivos de Lafarge han coincidido en solicitar de manera urgente la creación de una mesa de diálogo para encontrar soluciones que hagan viable la continuidad de la fábrica en Sagunt, después de la aprobación por parte del Consell, del Decreto 39/2019, publicado hoy en el DOGV, por el que declara Paraje Natural Municipal casi 277 hectáreas públicas de la montaña de Romeu anexas a la cantera que ahora explota la cementera.
En una reunión organizada por la Fundación CEMA -de la que forman parte la Agrupación de fabricantes de cemento de España, Oficemen, y los dos sindicatos mayoritarios del sector-, representantes de los sindicatos CCOO Construcción y Servicios PV, CCOO Camp de Morvedre, UGT-FICA, Federación de Industria, Construcción y Agro, trabajadores y directivos de la fábrica de cemento de Lafarge en Sagunt analizaron las consecuencias para el futuro de la fábrica, derivadas de esa protección de la montaña y concretaron las posibles acciones a desarrollar.
A juicio de todos ellos, la prohibición de realizar "cualquier actividad extractiva" que se recoja en el nuevo Decreto, "impactará de manera directa en el futuro de la cantera (ya que el paraje natural aprobado afecta a zonas previstas de ampliación) y por tanto, hará inviable la continuidad de la actividad de la fábrica"; una empresa "que aportó más de 33 millones de euros a la economía del Camp de Morvedre en 2018, y que tiene un firme compromiso con el desarrollo sostenible y la restauración de sus canteras, a través de acciones de mejora de la biodiversidad consensuadas con el Ayuntamiento de Sagunto", según aseguran en un comunicado de la Fundación.
Así, alertan sobre el riesgo de destrucción de 650 puestos de trabajo y añaden que decisiones como ésta, afectan también a otros sectores, poniendo en peligro la reindustrialización, y la consiguiente generación de empleo de calidad y estable para Sagunt y para la Comunidad Valenciana.
Según señala la nota: "La decisión del Consell supondrá a corto plazo la revisión de inversiones para la fábrica de Sagunto, si este Decreto no se modifica, y a medio plazo las consecuencias de esta decisión serían la desaparición de una industria que lleva 70 años contribuyendo al desarrollo socioeconómico de Sagunto y del Camp del Morvedre, así como la destrucción de 650 puestos de trabajo, directos e indirectos. Además del impacto sobre la viabilidad futura de la fábrica, este tipo de decisiones contribuyen a generar inseguridad jurídica y significan otro golpe más al sector industrial de Puerto de Sagunto y de la Comunidad Valenciana".
Desde CCOO y UGT han manifestado que "no compartimos la iniciativa del Ayuntamiento y la decisión del Consell que pone en cuestión a la industria como motor de empleo y modelo de desarrollo de la ciudad de Sagunto. No nos cabe ninguna duda de que tanto la continuidad de la fábrica de Lafarge, como la declaración del Paraje Natural del monte Romeu, son perfectamente compatibles. Añaden, además, "lo que sorprende es que ciertas formaciones políticas tomen decisiones como ésta que suponen una amenaza para el resto del empleo industrial en Sagunto".
José Luis Coleto, director de la fábrica de Lafarge en Sagunt, ha apuntado, "el hecho de que el Consell declare el paraje natural en los términos planteados por el Ayuntamiento de Sagunto vulnera el convenio acordado en 2013 entre la empresa y el consistorio. Un acuerdo lógico, aprobado por mayoría en el pleno de la localidad, en el que se compatibiliza la actividad extractiva con el Paraje Natural Municipal, incluyendo actuaciones que mejorarán sustancialmente la situación ambiental de este territorio protegido, sin que el municipio requiera invertir presupuestos dedicados a su conservación. La decisión adoptada por el Consell, siguiendo la determinación del equipo de gobierno y del Alcalde de Sagunto, supondrá un peor resultado ambiental para el Paraje, y vulnera los derechos mineros sobre esta zona lo que generará responsabilidades patrimoniales de la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de Sagunto, repercutidas en todos los valencianos", explican desde CEMA.
Tanto desde la empresa como desde las organizaciones sindicales, se confía en la voluntad de los poderes políticos para poder solucionar el conflicto. En su caso, la compañía ejercerá todas las acciones legales necesarias para la defensa de sus legítimos intereses ante los Tribunales competentes y las organizaciones sindicales continuarán con sus movilizaciones en defensa del futuro de la fábrica.
