El primer paraje natural municipal de Sagunt y de todo El Camp de Morvedre ha nacido marcado por la controversia. El Diario Oficial de la Generalitat publicó ayer el decreto que protege casi 276 hectáreas de monte público de Romeu e impide actividades extractivas en él, una medida reivindicada durante años por el gobierno local y diversos colectivos de la ciudad «para preservar un bosque mediterráneo de gran valor ambiental», pero que ha acabado generando gran preocupación en la cementera Lafarge y en sus trabajadores, al incluir en el paraje natural terrenos cercanos a su cantera sobre los que la firma tiene derechos mineros, lo que impide ampliarla por allí.
Ayer mismo, patronal y sindicatos de la industria cementera volvieron a reclamar a la Generalitat «de manera urgente la creación de una mesa de diálogo y soluciones» para el futuro de la fábrica. En un comunicado de la Fundación CEMA -que integra a la agrupación de fabricantes de cemento, CC OO y UGT-, se advirtió que «la decisión del Consell supondrá a corto plazo la revisión de inversiones para la fábrica de Sagunto, si este Decreto no se modifica, y a medio plazo las consecuencias serían la desaparición de una industria que lleva 70 años contribuyendo» al desarrollo local y comarcal, así como la destrucción de 650 empleos, directos e indirectos.
También recalcó que estas decisiones «contribuyen a generar inseguridad jurídica, significan otro golpe más al sector industrial» y «ponen en peligro la reindustrialización», apuntaban además de recordar que la empresa «aportó más de 33 millones de euros a la economía» comarcal en 2018.
Desde CC OO y UGT dejaron claro que «no comparten la iniciativa que pone en cuestión a la industria como motor de empleo y modelo de desarrollo de Sagunto» e insistieron en ver compatibles «tanto la continuidad de la fábrica de Lafarge, como la declaración del Paraje Natural del monte Romeu». «Lo que sorprende es que ciertas formaciones políticas tomen decisiones como ésta que suponen una amenaza para el resto del empleo industrial en Sagunto», apuntaban en la nota.
José Luis Coleto, director de la fábrica de Lafarge en Sagunt, reivindicó el convenio firmado por el ayuntamiento y la empresa en 2013 donde se compatibiliza la actividad extractiva con el Paraje Natural Municipal, incluyendo actuaciones en la zona protegida, «sin que el municipio requiera invertir presupuestos dedicados a su conservación». La decisión actual, a su juicio, «supondrá un peor resultado ambiental para el Paraje, y vulnera los derechos mineros sobre esta zona, lo que generará responsabilidades patrimoniales de la Generalitat y el ayuntamiento, repercutidas en todos los valencianos», alertaba, por más que el Consell justificara su visto bueno en un informe jurídico que rechazó ese extremo .
Tanto desde la empresa como desde las organizaciones sindicales, se confía en la voluntad de los poderes políticos para poder solucionar el conflicto aunque se prevén acciones legales, además de movilizaciones sindicales.
Lejos de esta lectura, el alcalde, Quico Fernández, demandó en una nota de prensa «respeto» a esa decisión «de proteger el interés general» apoyada «por la mayoría del pleno del ayuntamiento» y por entidades como el Centre d' Estudis del Camp de Morvedre, que impulsó la protección hace más de 10 años, los vecinos de Romeu y Bonilles o Acció Ecologista Agró. Todo un sector que, como el gobierno local de Compromís, EU, ADN Morvedre y PSPV-PSOE insiste en que una sentencia del Supremo y la modificación de la Ley de Ordenación del Territorio ya impiden que la cantera se amplíe por ese suelo donde Lafarge tiene derechos mineros. Igualmente, resaltan la prórroga dada a Lafarge hace menos de dos años para extraer áridos en la cantera actual hasta 2042 y la convicción mayoritaria de que «hay tiempo para buscar alternativas» a la fábrica.
