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Tribunales

Tres meses de cárcel por usar en Sagunt la tarjeta de discapacitado de un fallecido

La mujer se librará de la cárcel si no delinque en dos años, pero debe pagar una multa de 540 euros por uso fraudulento de documento oficial

Tres meses de cárcel por usar en Sagunt la tarjeta de discapacitado de un fallecido

Una mujer ha sido condenada a tres meses de prisión por utilizar en Sagunt la tarjeta de estacionamiento para discapacitados de un conductor fallecido 6 años antes. Aunque se librará de la cárcel si no vuelve a delinquir durante los dos próximos años, la sentencia del juzgado de lo penal de València, ratificada por la Audiencia Provincial, también le impone una multa de 540 euros por su «responsabilidad criminal» en el delito de «uso de documento oficial auténtico por quien no es su titular».

Los hechos ocurrieron en diciembre de 2017, cuando la mujer estacionó su coche de alta gama en una de las plazas reservadas para el aparcamiento de personas con movilidad reducida de la calle Carmen Conde, que separa el instituto Camp de Morvedre de la Escuela Oficial de Idiomas.

La Policía Local de Sagunt realizó una comprobación de la tarjeta, «colocada visiblemente en el salpicadero» del vehículo, y así confirmó que su validez caducaba en 2021, pero había sido concedida a un hombre que había fallecido en septiembre de 2011. De esta forma, los agentes retiraron el coche con la grúa y multaron a la conductora con 200 euros, que se quedaron en 100 por pagarla en plazo, según detalla la sentencia a la que ha tenido acceso Levante-EMV.

De nada le sirvió a la condenada el argumento de haber utilizado la tarjeta, «por la necesidad de hacer una gestión», ya que el juez de primera instancia consideró que el caso merecía la aplicación el artículo 393 del Código Penal, que señala que «a quien, a sabiendas de su falsedad, presentare en juicio o para perjudicar a otro, hiciere uso de un documento falso de los comprendidos en los artículos precedentes, será castigado con la pena inferior en grado a la señalada para los falsificadores».

Las tesis del recurso presentado en la Audiencia Provincial también fueron desestimadas. Sobre la falta de motivación de la primera sentencia, esta segunda señala que «debe rechazarse», porque el fallo «no adolece de falta de suficiente o adecuada motivación, dejando a un lado cuestiones de estilo o formas perfeccionables». Este tribunal todavía dejó abierta una última puerta judicial a través del recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

Este no es una caso aislado en Sagunt, donde la Policía Local ha tramitado desde 2017 una docena de diligencias judiciales por el uso fraudulento de las tarjetas de discapacitados. Una de las últimas fue en estrecha colaboración con la Policía Local de Pinto, Madrid. Allí, una persona con tarjeta expedida en Sagunt realizó una declaración jurada en la que manifestaba haberla extraviada y solicitó una nueva. Tras las gestiones pertinentes se comprobó que la original la estaba utilizando un familiar en Pinto, que no tenía ningún tipo de discapacidad.

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