Cuando desde el Ayuntamiento de Sagunt ya se daba carpetazo a la amenaza de la reclamación de más de 100 millones de euros por la expropiación del Malecón de Menera, su propietaria, Promotora Saguntina (Prosagunsa), ha negado que éste sea un asunto cerrado.
Lo ha hecho a través de un escrito firmado por sus administradores, Ramón Carrasco y Francisco Parra, que se aferran a la sentencia de la Audiencia Provincial de València de 22 de diciembre de 2010, que declaraba la titularidad de la mercantil de estos cerca de 70.000 m2 situados en la primera línea de la playa del Port de Sagunt.
Así, Prosagunsa destaca que el último pronunciamiento del Tribunal Supremo «es, en realidad, una providencia que inadmite el recurso de casación», contra la anulación del deslinde que dejaba al Malecón de Menera fuera del dominio público. No obstante, «vamos a formular un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional y, en su caso, acudiremos al Tribunal de Justicia de la Unión Europea a fin de que se cumplan los términos de la sentencia de la Audiencia Provincial de València, que goza de firmeza y tiene el valor de cosa juzgada».
En esa resolución del Alto Tribunal «no se hace constar que la finca de titularidad de Prosagunsa sea de dominio público marítimo terrestre», añaden Carrasco y Parra, quienes precisan que «lo único que se ha producido es la anulación del deslinde aprobado por orden ministerial del 30 de junio de 2014 por falta de motivación», es decir, que «Costas lo hizo mal».
Nuevo deslinde de Costas
Defiende Prosagunsa que «justamente por ello, la dirección general de Sostenibilidad de la Costa y del Mar ha iniciado el procedimiento y trámites necesarios para efectuar un nuevo deslinde que, excluyendo la parcela del dominio público, incluya la justificación suficiente para cumplir el mandato judicial».
Lo que ninguna de estas medidas va a cambiar, según siempre los administradores de esta mercantil, es que «la parcela del Malecón de Menera sigue siendo de propiedad privada de Prosagunsa, inscrita en el Registro de la Propiedad -como finca 37.075- y excluida del dominio público marítimo terrestre por resolución judicial firme».
