«Es un asunto cerrado». Así de contundente se ha mostrado el alcalde de Sagunt, Quico Fernández, en respuesta a las manifestaciones de los administradores de la empresa propietaria del Malecón de Menera, Promotora Saguntina (Prosagunsa), a quienes los últimos reveses judiciales no impiden reclamar sus derechos sobre esta parcela en primera línea de la playa del Port de Sagunt.

Según el nacionalista, «los servicios jurídicos municipales confirman, tras la última providencia del Tribunal Supremo, que Promotora Saguntina no tiene opción de ir al Tribunal Constitucional, porque no es un caso de vulneración de un derecho fundamental, ni al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, porque no se ha infringido ninguna normativa europea».

Así, Fernández apunta que «no se trata de una cuestión de propiedad de una parcela, sino de dejar bien claro que el Ministerio de Medio Ambiente ha tenido que modificar la línea marítimo-terrestre para dejarla tal y como estaba y, por lo tanto, ha desaparecido cualquier tipo de derecho a expropiación por parte del ayuntamiento. Es decir, volvemos a estar donde estábamos antes de la modificación de Costas».

El alcalde insiste en que la empresa no solo ha perdido este último juicio, sino que sus derrotas en los tribunales alcanza una decena. «Además -añade- ni siquiera recurrieron la sentencia que desestimó la solicitud de expropiación al ayuntamiento por más de 100 millones de euros, por lo cual también aconteció firme».

En cuanto al nuevo deslinde que, según Prosagunsa, prepara Costas, Fernández puntualiza que «no es para excluir la finca del dominio público marítimo-terrestre, sino para realizar el estudio geomorfológico que nunca hizo y que, como demostró el ayuntamiento, determinó que el subsuelo tiene las características naturales de este tipo de dominio».

Con todo, el alcalde ha vuelto a señalar el éxito del trabajo realizado. «Ha sido una gran victoria por parte del ayuntamiento» y más concretamente de quienes «desde el principio, consideramos que era una auténtica aberración que la línea se pudiera cambiar sin los estudios geomorfológicos, que son una prueba absolutamente incontrovertible». El alcalde ha agradecido el trabajo de los servicios jurídicos y ha ratificado la idea de que «aquí no hay nada que negociar, es dominio público marítimo-terrestre y, por lo tanto, sometido a la misma normativa que todo el dominio marítimo-terrestre. No hay ninguna duda sobre esto».