La Asociación Nacional para la Protección y el Bienestar de los Animales (Anpba) no está dispuesta a aflojar su presión contra la suelta de patos vivos del Port de Sagunt.
Después de promover desde 2005 múltiples procedimientos que desembocaron en sentencias y sanciones contra este acto, hasta provocar a partir de 2015 su eliminación del programa de fiestas patronales, los animalistas no se han rendido tras los últimos dictámenes del Consell Jurídic Consultiu y el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunitat Valenciana, que dan la razón a la Generalitat y el ayuntamiento en cuestiones formales. Así, el colectivo presidido por Alfonso Chillerón garantiza que «mantendremos la batalla legal hasta el final».
Del otro bando, la Federación de Peñas del Port de Sagunt, que durante los últimos años ha boicoteado los intentos municipales de reconducir las cucañas sin la suelta de patos vivos, insiste en recuperar el acto «gobierne quien gobierne» tras las próximas elecciones municipales, aunque siempre «dentro de la legalidad», según su presidente José Sánchez. Pese a que el alcalde, Quico Fernández (Compromís), ya advirtió desde su toma de posesión que no autorizaría el acto, «nosotros seguimos pidiendo el permiso hasta el año pasado y, para el próximo verano, esperaremos a la constitución del nuevo ayuntamiento para explorar las fórmulas que nos permitan recuperar la tradición de soltar patos en la dársena».
Mientras, Anpba ya ha presentado recurso contra el reciente pronunciamiento judicial que le niega la legitimidad para reclamar sanciones por la suelta de patos, en referencia concretamente al acto de 2012. La asociación «disiente ampliamente» de esa sentencia y recuerda que «el juzgado de lo Contencioso número 5 de València, mediante auto de octubre de 2016, ya rechazó dicha cuestión previa incidental».
Jurisprudencia
Además de señalar diversos puntos del procedimiento en los que ayuntamiento o Generalitat podrían haber alegado esa falta de legitimidad, los animalistas añaden que, «por si esto fuera poco», la jurisprudencia constitucional «viene en defensa de nuestros postulados» y apela para demostrarlo a sendas sentencias de 1994 y 2006, que coinciden en que «resulta evidente que una asociación con fines de defensa de la naturaleza y del mundo animal tiene un interés legítimo y personal en velar por el correcto ejercicio de la potestad administrativa€».
En cualquier caso y pese a este último revés judicial, que libra por el momento al Ayuntamiento de Sagunt de tener que hacer frente a otra multa de 30.000 euros, Anpba muestra su satisfacción porque, una vez más, esta sentencia del TSJ deja bien claro que la suelta de patos vivos que se realizó hasta 2014 en la dársena pesquera del Port es «una actividad ilegal».
