27 de junio de 2019
27.06.2019
Tribunales

Crispín achaca la denuncia que lo ha sentado en el banquillo a una conspiración

La Fiscalía mantiene la petición de cinco años de cárcel al exedil y dos al resto de técnicos La defensa pide la absolución

26.06.2019 | 21:23
Crispín y los técnicos durante la primera sesión del juicio.

El exalcalde de Sagunt y jefe del servicio de Inspección Técnica de Actividades del consistorio de El Camp de Morvedre, Francisco Crispín, aseguró ayer que el juicio al que se ha enfrentado por malversación y prevaricación por destinar 150 euros al año a ropa que, presuntamente, no era de trabajo, «obedece a una conspiración política de dos partidos, con el único objetivo de eliminarme de la carrera política».

Crispín fue el único de los cinco acusados que hizo uso de su derecho a la última palabra en el juicio que, tras dos días de sesiones, ha quedado visto para sentencia. «He ganado todas las primarias a las que me he presentado, pero a los que maquinaron toda esta historia les ha ido muy bien, porque me expulsaron del partido el mismo día que presenté mi candidatura a las primarias» del PSPV en Sagunt.

El exalcalde y también exdiputado provincial rompió una lanza por sus compañeros de trabajo, cuatro técnicos municipales, que le han acompañado en el banquillo de los acusados. «Nos sentamos cinco inocentes que han sido víctimas de una conspiración que sólo iba contra mi. Y lo lamento porque los conozco mucho y pondría la mano en el fuego por ellos, porque son completamente inocentes».

Sin embargo, la Fiscalía mantiene intactas sus conclusiones finales y volvió a solicitar ayer cinco años de cárcel para Crispín y otros dos años para sus subordinados, ya que sigue acusándolos de los presuntos delitos de malversación y prevaricación. La fiscal admitió que el dinero defraudado «no son grandes cantidades» (150 euros al año) pero «se trata de objetos que no debían haberse adquirido con dinero público». Y recordó la sentencia del Tribunal Supremo que condenó a la alcaldesa de Serranillos del Valle, en Madrid, por comprar con una Visa Oro del ayuntamiento, dos bolsos por importe de 370 euros.

Por el contrario, los dos abogados de las defensas solicitaron la libre absolución para los acusados. El de los cuatro trabajadores del área de Actividades, Emilio Pérez Mora, defendió en su alegato final que «no hay delito formal, ni material. Sólo mala praxis administrativa» en la concesión de los 150 anuales «que ellos creían que podían gastar como buenamente quisieran, por lo que existe un error invencible del tipo: tenían un absoluto desconocimiento de que estaban cometiendo un delito».

Pérez Mora remató con la antijuricidad material de los hechos enjuiciados. Bajo la premisa de que no todo hecho antijurídico puede ser considerado delito, el letrado recordó que «la ilicitud de la ropa comprada se limitaría a los objetos comprados para los familiares» que, en el caso de los cuatro funcionarios del Ayuntamiento de Sagunt acusados, «asciende a 218,20 euros desde 2007 hasta 2014». Y, añadió, que algunas de las compras irregulares «48 euros en dos gafas y una mochila, se produjo en 2007, por lo que los hechos habrían prescrito».

Mirilla para un rifle

Por último, el abogado de Francisco Crispín también apuntó que «el derecho penal no puede encargarse de la insignificancia» en referencia a que se solicita para el exalcalde «cinco años de cárcel y pérdida de su puesto de trabajo por, supuestamente, haber gastado 22 euros en una mirilla telescópica para un rifle». Un gasto que Crispín asegura haber pagado él (y no con cargo a los 300 euros para ropa de trabajo que le ofrecía el ayuntamiento).

«La práctica ilegal es la del señor Peña, que envía las facturas al ayuntamiento sin albaranes, no de los funcionarios [encausados]. No existía mecánica para engañar al Ayuntamiento [de Sagunt]. Eso lo hacía el señor Peña porque le venía bien», defendió el letrado del exalcalde de Sagunt, quien incluso acusó al responsable de Peña Esport de «faltar a la verdad, porque Crispín pagó la mirilla de su dinero, pero después esta factura se incluyó al cobro al ayuntamiento».

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