La sentencia de la Audiencia Nacional que tumba la adjudicación a Pavasal de la explotación de la desalinizadora de Sagunt destaca que «lo primero que llama la atención es que siendo Acuamed la entidad convocante del contrato, haya sido esta misma entidad quien ha certificado la acreditación de la empresa adjudicataria como cumplidora de los requisitos». En una primera resolución, el Tribunal de Recursos Contractuales no cuestionó esa certificación, pero sí la Justicia que la califica como «controvertido documento».
La sala primera concluye que, más bien, ese certificado «no se corresponde con la realidad», un argumento que refuerza con un informe pericial que «goza de imparcialidad y capacidad técnica suficiente». Este último ofrece un resultado «contundente», según lo califica la Audiencia Nacional, ya que «la planta de Sagunto había sido diseñada para una producción de 22.990 m3 diarios de agua», pero «por diversas razones» como el consumo eléctrico o «los testimonios de los propios jefes» de la planta, hasta la fecha de ese informe es evidente que la desaladora «solo ha funcionado a modo de prueba y se activó al 100 % en 2013 y no todo el día».
Añade el perito que «no existe servicio hacia la línea de distribución de agua potable desde el tanque de almacenamiento hasta la troncal de distribución de Sagunto», mientras que los propios trabajadores admitieron que la planta «solo se pone en marcha cada cuatro días y solo funciona uno de los cuerpos cada cuatro días».
Por estos motivos, concluye la Audiencia Nacional, la certificación de Acuamed sobre los trabajados desarrollados por Pavasal en la planta de Sagunt «no se corresponde con la situación real de la planta, pues con independencia de que hubiere sido diseñada para producir 20.000 m3, dicha previsión en absoluto ha sido cumplida».
