El Ayuntamiento de Sagunt ha dado respuesta a una reivindicación histórica de los colectivos de discapacitados para facilitar ciertos beneficios fiscales a los que tienen derecho, convirtiéndose así en pionero frente a una reclamación que se ha llevado sin éxito a múltiples consistorios.
Eso sí, ha sido como consecuencia de una queja presentada al Síndic de Greuges, cuya recomendación ha sido atendida por el consistorio de la capital comarcal con el compromiso de modificar sus ordenanzas para que el certificado de discapacidad otorgado por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) sea suficiente para acceder a estas bonificaciones, sin la necesidad de esperar al pronunciamiento de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas.
El propio síndic en funciones, Ángel Luna, aplaudía ayer la decisión municipal de dar encaje legal a esta fórmula, que en el caso estudiado por el defensor del pueblo valenciano se refería a un vecino de Sagunt que obtuvo del INSS en 2016 el reconocimiento de su incapacidad permanente en el grado de absoluta. Ya en enero de 2017, esta persona solicitó a la Generalitat el certificado para acceder a exenciones fiscales, que le llegó dos años después, con carácter retroactivo al momento de la solicitud, pero con fecha de caducidad para junio de este mismo 2019.
Así, el ayuntamiento le denegó la exención en el pago de este año y anteriores, incluso también para 2020 si no presentaba antes la renovación del certificado de la Conselleria de Políticas Inclusivas, que por su parte, exige que pasen al menos dos años desde la última resolución. De esta forma, «las demoras en la resolución del grado de discapacidad por parte de la conselleria arrastraban al interesado a una situación de bucle constante y de incertidumbre», según la resolución firmado por el entonces todavía síndic, José Cholbi.
Queja verbal
En este pronunciamiento se señala que el consistorio ya debería haber aceptado la petición verbal que el vecino realizó a principios de 2017 y considera que si esta solicitud «se hubiera formalizado por escrito, estaríamos en condiciones de recomendar el reintegro de los abonos realizados desde aquella fecha».
En cualquier caso,lo que sí ha conseguida esta mediación en un problema que «ha generado quejas similares de vecinos de diferentes municipios valencianos», es que se pueden tener en cuenta para las exenciones fiscales «las resoluciones de incapacidad permanente en los grados de absoluta, total o de gran invalidez como certificados de minusvalía con un grado igual o superior a un 33 %».
