El primer pleno ordinario del nuevo Ayuntamiento de Sagunt recuperó un tema que ya marcó el pasado mandato y que se presenta otra vez como uno de los mayores retos para el gobierno de la Gerencia. Se trata de la compatibilidad entre la protección de la montaña de Romeu y la continuidad de Lafarge, asunto que Iniciativa Porteña quiso llevar al debate para «saber donde estamos» cada partido tras las elecciones.
La moción segregacionista reclamaba la paralización del expediente de declaración de paraje natural de este espacio, aprobado en marzo de este año, pero fue enmendada por PSPV, Compromís y EU, para acabar aprobándose únicamente la creación de una mesa de diálogo a cuatro bandas entre ayuntamiento, empresa, Generalitat y trabajadores de la cementera de Sagunt.
El portavoz de IP, Manuel González, fue el encargado de abrir el fuego con su censura a la «falta de diálogo» durante los últimos cuatro años, más allá de «notificaciones, recursos y denuncias». El edil insistió en que la cementera «está amenazada, porque, por mucho que se haya concedido la ocupación hasta 2042, la reserva de caliza sobre la actual superficie no da para más de 10 o 12 años».
Ya para cerrar el debate y una vez conocidas las posturas de cada uno, González reconoció sentirse «traicionado» y «decepcionado» por los socialistas, ya que «es el que ha enmarañado todo este tema por sus cambios de postura, desde que en 2013 aprobó el convenio que garantizaba la compatibilidad de la protección de Romeu y la continuidad de Lafarge». El segregacionista reclamó concretamente al alcalde Darío Moreno que «no se pliegue a minorías populistas -en referencia a Compromís- porque será una losa que caerá sobre usted».
Sin plan de viabilidad
Antes el socialista había tomado la palabra para señalar que la principal preocupación de su grupo es que «Lafarge nunca ha dicho cual es su plan de viabilidad a largo plazo, una vez que se agote la actual zona de extracción, incluso con la hipotética ampliación a la zona de Margas». En cualquier caso, Moreno abogó por el diálogo y en esa línea anunció que ha atendido la reclamación de los responsables de la cementera para concertar una reunión con el President de la Generalitat, Ximo Puig.
En este bando también se posicionaron EU y Compromís, formación esta última desde la que el exalcalde, Quico Fernández, sentenció que «la protección del paraje, que es imparable, y la cantera no son compatibles», así la continuidad de la cementera en Sagunt «pasa por encontrar, fuera de la montaña de Romeu, una zona de extracción que la ley permita».
El nacionalista también recordó que la protección de este espacio «se empezó a trabajar en el mandado 2003/2007, pero el expediente se paralizó debido a las poderosas presiones de la empresa». Fernández también hizo un repaso de los desencuentros entre la cementera y el consistorio, entre los que destacó varios dictámenes que reconocen los incumplimientos de la cementera en las condiciones de la explotación.
Desde la oposición, el popular Sergio Muniesa reiteró que «el convenio de 2013 garantizaba la compatibilidad entre la protección de Romeu y la continuidad de Lafarge». El exalcalde también apuntó que la solicitud de paralizar la declaración de paraje natural «ya la hicimos por las consecuencias perniciosas del expediente aprobado», cuestión que «es como una espada de Damocles sin solución».
Por su parte, el portavoz de Cs, Salva Montesinos, destacó las contribuciones de la cementera a la ciudad, a cuya economía «aportó 33 millones de euros el año pasado, además de dar empleo a 600 personas directa o indirectamente». Así, el edil de la formación naranja pidió un «cambio de chip» para mostrarse «solidarios y comprensibles con los trabajadores. No hay motivo real para que la cementera se tenga que ir -concluyó- y si se cierra será una decisión política, no empresarial».
Un clásico en estos debates que no faltó ayer es el presidente del comité de empresa de Lafarge en Sagunt, Félix Vélez de Guevara, quien insistió en que «en cuatro años no hubo diálogo y el resultado es que la fábrica está en peligro». El trabajador reiteró la idea de González de que «por mucho que la concesión llegue hasta 2042, la reserva de caliza no va más allá de 14 años, siendo muy optimistas, cuando una empresa de este tipo no acomete inversiones si no tiene un periodo mínimo de amortización de 25 años».
En cualquier caso, Vélez de Guevara celebró la creación de ese foro de diálogo «para poner encima de la mesa toda la información, con las posibles alternativas y las fórmulas para compatibilizar la protección de Romeu y la actividad extractiva».
Otro de los asuntos recurrentes en la gestión municipal es el proyecto de los macroespigones de Costas, que se entiende desde Sagunt que afectará negativamente a las ya deterioradas playas de Almardà, Corinto y Malvarrosa. Aunque Compromís llevaba una moción contra este plan, prefirieron dejarla sobre la mesa para que en el próximo pleno se convierta en una declaración institucional.
