La absolución del exalcalde de Sagunt y exdiputado provincial, Francisco Crispín, y de los otros cuatro técnicos municipales de Actividades por la acusación de malversación, prevaricación y falsedad documental ha cerrado, al menos de momento, dos años y medio de «sufrimiento personal y familiar». Con el plazo todavía abierto para presentar recurso, algo que no cree que suceda, Crispín ha empezado a pasar facturas a los «cerebros de esta operación», entre quienes señala a miembros del anterior gobierno municipal y más concretamente dentro de Compromís y ADN Morvedre.

El exconcejal asegura que «desde el primer momento que se produjo, para estupefacción de todos, la imputación dije que fue una conspiración para hacerme daño y añado que sufrí un chantaje de miembros del anterior gobierno, que me amenazaron con que me denunciarían si no me doblegaba y aprobaba los presupuestos municipales de 2016». Crispín añade que «me advirtieron que sacarían unas facturas irregulares y se meterían con el trabajo de mis hijos, pero al principio me lo tomé a broma, porque eran nuevos en la política y veían fantasmas donde no los había».

Pero en un procedimiento en el que «he ido de sorpresa en sorpresa», la denuncia se admitió, llegó la imputación y el juicio oral, un tiempo en el que «para todo el mundo éramos unos delincuentes, porque la petición de pena que hizo el fiscal para mi -cinco años de cárcel, 12.000 euros de multa y pérdida de la plaza de funcionario- no es ninguna frivolidad».

En todo este «largo y penoso» proceso, lo peor es que «ha afectado a gente muy próxima, como los compañeros de Actividades, de los que me siento padre, al menos desde el punto de vista técnico. Mi imputación fue doble, yo y tan injustamente como yo el resto de técnicos a los que se puso en esta situación por una conspiración contra mi».

Crispín quiere una restitución de su honor, porque los denunciantes «han querido cargarse mi fama y honestidad. El tiempo todo lo cura -añade-, pero ahora quiero que toda la ciudad se entere de la sentencia. Cuando sea firme, veremos si me vuelvo a encontrar con los responsables de esta denuncia cobarde en los tribunales». En esta línea, el exalcalde insiste en que «nadie puede creerse que cualquiera se vaya a ensuciar por 150 euros al año», que es el dinero que los técnicos recibían como compensación por el desgaste de la ropa.

Crispín también se acuerda de su partido, el PSPV, del que sigue suspendido cautelarmente de militancia. Además de descartar que vaya a pedir su restitución, ya que «el que me quitó, puede volver a ponerme», el exalcalde se muestra sorprendido por la nota de satisfacción que emitió la ejecutiva comarcal tras la absolución. «Lo último que sabía del partido era mi suspensión y mi despido como asesor de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias».

En sus críticas, Crispín señala especialmente al secretario de organización del PSPV, José Muñoz, y el exsecretario local, Pepe Pelegrí, quien «dijo públicamente que mi presencia ensuciaba el partido. Todavía estoy esperando las disculpas de mucha gente».