La Audiencia Provincial inició ayer el primer juicio que se celebra en València por los contratos laborales simulados, los denominados zombis, destapados en la empresa pública Imelsa, ahora llamada Divalterra. Y lo hizo juzgando al exdiputado provincial de Hacienda y exalcalde de Quartell, Francisco Huguet, y al exconcejal popular del mismo municipio, Emilio Máñez.

La Fiscalía solicita para ambos una pena de seis años de prisión y 10 de inhabilitación. En cambio, los acusados defendieron la legalidad de la contratación y sus abogados pidieron la absolución. No obstante, aún negando los hechos, las defensas plantearon la prescripción de los delitos.

La Fiscalía se opuso, pues considera que al tratarse de presuntos delitos continuados de malversación y prevaricación la prescripción se eleva a 10 años. Por tanto, defendió el ministerio público, la causa no habría caducado. El tribunal anunció que resolvería este asunto en sentencia.

El primero en declarar fue Emilio Máñez. El exdirigente del PPCV en El Camp de Morvedre explicó que ejerció de asesor de Huguet en la legislatura 1999-2003. Pero tras las elecciones le comunicaron que no renovaría como asesor.

«Los partidos son los que hacen las listas y me trasladaron que se prescinde de mi porque entran otros asesores». Tras quedarse sin trabajo, Máñez dijo que se acercó a Imelsa para comprobar el tablón de anuncio y apuntarse a una plaza de brigadista.

«Entro en brigadas como coordinador», dijo. No le exigieron experiencia en este sentido: «No tenía mucha, pero algo tengo porque he trabajado en el monte». Al parecer, no era necesario que se manejara bien con la azada en los bosques valencianos porque «trabajaba pero no de brigadista». A los pocos días de acceder al puesto se instaló junto al despacho de Huguet y le asignaron las mismas funciones que tenía cuando era asesor: coordinar y revisar proyectos del área de Economía. «Yo no pedí que me contratasen así», reiteró a preguntas de su defensa.

Mientras, Huguet descargó en el partido la responsabilidad de la selección de asesores y, pese a que admitió la estrecha amistad entre ambos y que sus mujeres comparten una comunidad de bienes, atribuyó a una casualidad que Imelsa le enviara a Máñez como asesor a partir de 2003.

«Tergiversa gravemente los hechos», recriminó el exalcalde a la Fiscalía. «El partido conoce perfectamente quiénes somos, nuestra relación, y supongo que buscan el mejor resultado de las personas que trabajan. Fue una alegría encontrarlo como asesor», defendió.

Rafael Soler, gerente de Imelsa en el momento en el que se produjeron los hechos, declaró como testigo, pues la Fiscalía no le acusa porque los delitos que le son atribuibles han prescrito. Soler declaró en la misma línea que los acusados y puntualizó que le asignó funciones de asesor porque podía «ser más útil para otras cosas».

A continuación declaró Marcos Benavent, exgerente de Imelsa investigado en el caos Taula. Ratificó las irregularidades y afirmó que se camuflaban plazas de asesores como brigadistas. «Me encontré con ese pastel (...), no me lo inventé yo. Había entre 70 o 80 personas así. Cuando llegué esa gente fue fuera para que entraran otros y continuar con esa práctica», dijo.