La Fiscalía de València ha propuesto una pena de seis años de cárcel y diez de inhabilitación para el exalcalde y su teniente de alcalde, Francisco Huguet y Emilio Máñezt, por delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación.

Ambos serán juzgados por simular una contratación laboral en la empresa pública de la Diputación de València Imelsa, ahora Divalterra. La causa corresponde a una de las piezas que ha investigado a los conocidos como zombis, cargos políticos que cobraban una nómina de Imelsa pero que en realidad trabajaban para el partido.

El juicio arrancahoy en la Audiencia y se prolongará durante tres jornadas. La Fiscalía ha propuesto el interrogatorio como testigo de Marcos Benavent, exgerente de Imelsa que colabora con la Guardia Civil en las diligencias derivadas de la Operación Taula, y Rafael Soler, expresidente del PP en la provincia de València y exalcalde de La Pobla Llarga.

Soler era el gerente de Imelsa en el momento en el que se produjeron las presuntas contrataciones fraudulentas, pero la Fiscalía no le acusa porque «su responsabilidad penal prescribió al haber transcurrido más de diez años desde la última nómina abonada a Emilio Máñez». Soler es uno de los dirigentes del PP que ratificó en el juzgado una denuncia contra cargos del PSPV y Compromís por los contratos irregulares investigados en el caso Alquería.

Según consta en el escrito de acusación, al que ha tenido acceso Levante-EMV, Emilio Máñez estuvo contratado como asesor del PP en la Diputación entre 1999 y 2003. En este periodo trabajó como asesor de Huguet, quien ejercía de diputado provincial.

Tras las elecciones de 2003 Máñez cesó como asesor, pero como Huguet quería que siguiera trabajando para él, pues «les unía una relación de amistad y profesional al ser Huguet alcalde de Quartell y Máñez concejal», le dijo a Soler que le contratase en Imelsa.

Finalmente fue contratado como coordinador de brigadas forestales «pese a saber Soler que no iba a desempeñar este cargo. Máñez cobró 61.626 euros y 13.341 en concepto de finiquito.

La Fiscalía también investiga a Máñez y Huguet en el denominado cártel del fuego, la causa que acabó con la detención del exconseller Serafín Castellano.