El futuro del Malecón del Port de Sagunt sigue en el aire y pendiente ahora de un nuevo trámite: La redacción de un estudio que el ministerio ha exigido a la Demarcación de Costas de Valencia para determinar si esta pastilla de más de 50.000 m2, ubicada en primera línea de playa, está o no dentro de la zona de dominio público marítimo terrestre.
Pese a que el ayuntamiento lleva años peleando para asegurar la propiedad pública de la zona y lograr su acondicionamiento como espacio de todos, aún habrá que esperar a la redacción de este estudio para saber si eso será viable de la manera más sencilla, es decir, que Costas vuelva a incluirla en la zona de dominio marítimo terrestre y rectifique así la decisión de excluirla que se tomó en 2014 y que dio pie a que la empresa Prosagunsa, como propietaria del terreno, reclamara al consistorio su expropiación por un importe de 100 millones de euros.
El alcalde, Darío Moreno, admitía ayer a Levante-EMV que el encargo de este estudio «no es una buena noticia para el ayuntamiento» porque prolonga la incertidumbre sobre el futuro del Malecón mientras sigue sin cerrarse definitivamente la puerta a los planes de la empresa Prosagunsa, que en su momento planteó edificar allí unas 800 viviendas.
Esto supone todo un jarro de agua fría para un consistorio que ya daba por ganada esta «batalla» después de que el Supremo rechazara en 2018 el recurso de casación presentado por Prosagunsa contra la sentencia que anuló la orden que en 2014 excluyó esta zona del dominio público; un procedimiento en el que el consistorio incidió en que los terrenos eran dominio público, apoyándose incluso en que varias catas habían hallado arena en el subsuelo. «Pensábamos que, tras la sentencia del Supremo, el Ministerio iba a acatar ya ese planteamiento, pero no ha sido así», reconocía el alcalde.
Con tal de que este asunto se aclare «cuanto antes», el gobierno local ha pedido a los responsables de Costas en Valencia que aceleren este proceso «todo lo posible». Así se lo trasladó la delegación municipal encabezada por el alcalde en la reunión mantenida esta misma semana.
En el encuentro, los representantes municipales apremiaron también a actualizar la línea marítimo-terrestre de todo el municipio para así sacar fuera de él tanto el paseo marítimo del Port como algunas viviendas de Almardà; algo que desde el ministerio dieron por seguro, reconociendo que así se lo exige la Ley de Costas de 1988.
«Nos aseguraron que van a encargar el estudio del Malecón y, de forma paralela, a revisar el deslinde en todo el término», resumía el alcalde. «No nos pudieron dar plazos porque dijeron que la orden del Ministerio la recibieron en agosto. Además, admitieron que el tema del deslinde será complejo y muy largo ya que afecta a propiedades privadas tanto en Almardà como en el Port. Ahora, como siempre, nosotros nos reservamos la potestad de ir a los Tribunales si consideramos que se lesionan nuestros intereses», decía.
