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Una denuncia por mala praxis en el Hospital de Sagunt acaba en el Tribunal de Estrasburgo

Un saguntino lucha «porque se haga justicia» tras una operación que le cambió la vida y que le hicieron en un lugar erróneo, según sus informes

Una denuncia por mala praxis en el Hospital de Sagunt acaba en el Tribunal de Estrasburgo

«Europa tiene que saber lo que está pasando». Así se expresa en declaraciones a Levante-EMV Juan Ramón Aranda, un saguntino de 43 años que ha presentado una denuncia ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos tras pelear sin éxito, durante casi una década, para que la justicia española valore como una «negligencia médica» la operación que le practicaron en 2007 en el Hospital de Sagunt por una hernia discal entre las vértebras L5-S1.

Su odisea comenzó tres años después de pasar por el quirófano, cuando el dolor le impedía trabajar con normalidad como vigilante de seguridad. Tras consultar al médico que le operó, Juan Ramón asegura que éste lo atribuyó «a algo psicológico, ya que el cerebro aún recibe información que es falsa». Sin embargo, como los dolores seguían, acudió a la mutua y le hicieron una resonancia magnética que reveló algo inesperado: «En la L4-L5 se aprecian cambios quirúrgicos post hemilaminectomía izquierda... En L5-S1 se aprecia abombamiento... con componente herniario centrolateral derecho», apunta el informe.

De repente, Juan Ramón se dio cuenta de que algo raro habría ocurrido cuando, según la resonancia, ni le habían intervenido en el lugar previsto antes de ir al quirófano, ni le habían hecho la cirugía para la que él firmó el consentimiento, como refleja su alta médica posterior a ser operado.

Esto le llevó a pedir un informe a un médico forense, que concluyó que en la intervención que le realizaron en 2007 hubo una «mala praxis médica, al mantenerse la situación lesional».«Se actuó en un espacio equivocado (L-4-L5) y, además, con una laminectomía izquierda, cuando el objetivo y los informes médicos posteriores afirmaban lo que hubiera sido la actuación correcta, la discectomía del espacio L5-S1, para resolver la hernia discal», recoge el informe.

Tras reclamar sin resultados al Servicio de Atención e Información al Paciente del hospital, Aranda asegura que decidió «darle una oportunidad» al médico que le operó . «Me dijo que la operación había sido un éxito. Me propuso realizarme una segunda intervención, y cuando le enseñé los papeles que le acusaban de mala praxis, me echó de su consulta a gritos», explicaba a este diario.

Después de esto, afirma que le envió una carta con acuse de recibo al doctor, aclarando que tan solo quería una disculpa.

Sin embargo, al no recibir respuesta, Aranda optó por interponer una denuncia en abril de 2010 ante los juzgados de Sagunt. Con más lentitud de la esperada por él, la administración de justicia pidió nuevos informes forenses e incluso propició un acuerdo de conciliación el 8 de mayo del 2014, pero apunta que el doctor implicado y el director del Hospital de entonces no se presentaron.

Incapacidad del 65%

La salud de Aranda no mejoró, sino que empeoró hasta el punto de que el 5 de febrero del 2015 le reconocieron una incapacidad del 65%. El mismo año presentó una reclamación de responsabilidad patrimonial ante la Conselleria de Sanidad por lo ocurrido en esa operación, pero se desestimó por extemporaneidad y tampoco prosperaron sus acciones posteriores para que se admitiera.

Su batalla llegó el 17 de octubre del 2018 al Tribunal Superior de Justicia, donde se descartó «porque había prescrito, entre diversos motivos», según explicaba a este diario su actual abogada. Ante esto, Juan Ramón recurrió al Tribunal Supremo a finales del año pasado, pero éste no admitió el caso y le impuso el pago de 2.000 euros de costas procesales.

El hecho de que su denuncia no fuera estudiada en el Supremo y su interés de que «salga a la luz la verdad» hicieron que Juan Ramón decidiera seguir adelante hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. «Tenemos que dar gracias porque en este país hay mucha libertad y mucho de todo, pero conmigo la justicia no ha funcionado», declara Aranda cansado, pues a los parches de morfina diarios para tratar su dolor se han sumado más medicamentos para otros trastornos que él achaca a esta operación «que le cambió la vida». «Sólo quiero justicia», insistía mientras su abogada lamentaba que el Supremo «tenga un filtro tan duro» y la Conselleria de Sanitat declinara facilitar su versión a este diario, «porque el caso está judicializado».

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