El Ayuntamiento de Sagunt exigirá explicaciones a la Conselleria de Educación por el modo en que ha dado solución a la reclamación de una vecina del Port de Sagunt que pedía que sus dos hijos gemelos de 2 años pudieran estudiar en un mismo colegio público, con horarios idénticos, para así evitar que la familia tuviera que hacer 6 viajes al día para llevarlos y traerlos.

Levante-EMV, las demandas de la madre llevaron a la conselleria a aprobar el pasado día 20 un aumento de la ratio extraordinario en uno de los centros para que así facilitar la conciliación a la familia. Sin embargo, la decisión provocó malestar tanto en la asociación de padres y madres del colegio donde se autorizó a 19 niños por aula en lugar de 18, como entre los directores de los centros de Sagunt y el mismo el Consell Escolar Municipal. Así se puso ayer de manifiesto en el pleno tras la intervención de representantes del AMPA del CEIP Vilamar, de varios ediles y del mismo alcalde, Darío Moreno.

Desde la asociación de padres se expuso desde el público que había habido «un uso de herramientas legales destinadas a casos especiales para casos que no lo son, lo que es discriminatorio para el resto de familias y, por lo tanto, injusto y supone un fraude de ley», dijo además de apuntar a un «agravio» en relación a quienes se han quedado en el puesto 19 en los centros del municipio. Además de apuntar que el centro conoció la ampliación de la ratio «a través de la prensa», la portavoz del AMPA señaló que, pese a eso, la resolución que la autoriza la justifica en la «solicitud del centro y el informe de inspección educativa». Y eso, cuando la familia de los gemelos «no presentó ni en tiempo ni en forma las alegaciones correspondientes» para que el Consejo Municipal resolviera y aún así, desde el departamento municipal de Educación se les ofreció a escolarizar a los dos hermanos juntos en otro centro, a lo que la familia se negó», dijeron además de instar a pronunciarse a los partidos y en concreto al edil de Iniciativa Porteña Cosme Herranz «como director de un centro de primaria del municipio» y al concejal de Educación, José Manuel Tarazona.

Herranz insistió en que su partido defiende «que se cumpla la ley» y aunque «está de acuerdo en que los hermanos vayan juntos», cuestionó la medida adoptada por la conselleria «porque la ratio en escuelas infantiles para niños de dos años no es igual que la de los colegios públicos». Por ello, abogó porque el ayuntamiento pida explicaciones de porque en ese caso sí aprobó la medida «cuando no había un informe favorable de Inspección», dijo tras resaltar que el concejal de Educación «nada había tenido que ver, sino que la decisión venía de la conselleria».

Tarazona, además de resaltar la apuesta autonómica por estas aulas públicas de 2 años, apuntó que el municipio «actuó en este caso como tenía que hacer», admitió el enfado en la comunidad educativa por la solución dada y apostó por trasladarlo a la conselleria para que «de ahora en adelante evite que un programa informático separe a los hermanos, por una cuestión de conciliación familiar».

El alcalde fue más incisivo y afirmó que pediría una contestación por escrito de lo sucedido, «porque si hay normas, son para todos; si ha habido excepciones en este caso, que se expliquen». Además dejó claro que velará por defender las decisiones del Consejo Escolar Municipal «ya que somos los primeros que tenemos que hacerlo cuando se nos puentea», dijo.