El gobierno de Sagunt aprovechará el pleno extraordinario que el próximo martes servirá para la elección mediante sorteo de los miembros de la mesas electorales para definir el destino de los 1,5 millones restantes del superávit de cerca de 4,9 millones con los que cerró 2018. Y en lo que se ha convertido en un clásico de la gestión económica en el ayuntamiento, el interventor ha advertido de la comisión de una infracción muy grave por dar luz verde a este expediente.
Entre los argumentos del funcionario, que ha repetido sus reparos en las operaciones de asignación del superávit desde hace años, se encuentran la falta de documentación y de justificación de la inaplazabilidad de los gastos, así como la obligatoriedad de destinar este remanente de tesorería para gastos generales a cubrir la cuenta 413, que recoge las obligaciones que no tienen reflejo presupuestario, a inversiones financieramente sostenibles y a la amortización de deuda.
Por contra y según explica la concejala de Hacienda, Gloria Parra, estos 1,5 millones de euros irán a Personal (400.000 euros), gasto corriente (254.000 euros), un plan de empleo para la SAG (550.000) y la reducción de préstamos (296.000 euros). En todos los casos, según la socialista, se trata de obligaciones «inaplazables y prioritarias, para las que no existe crédito en el presupuesto, pero para las que disponemos del superávit».
Plan de empleo
Sobre las actuaciones previstas, Parra se muestra especialmente satisfecha por la inyección a la SAG, que «dará empleo a personas necesitadas del municipio», así como al suplemento para Personal, porque «significa que se ha contratado por encima de las previsiones, especialmente para los campus de verano».
No menos importante es la amortización de deuda, ya que una parte, concretamente 123.000 euros, se reserva para un préstamo contratado en 2010 y los restantes 173.000 euros servirán para pagar el crédito concedido hace 7 años para hacer frente a las obligaciones pendientes con los proveedores, que en el caso de Sagunt rozaban los 2,2 millones de euros.
Esta refinanciación, según destaca la delegada de Hacienda, permitirá al ayuntamiento «salir» del plan financiero cuya vigencia se extendía hasta 2022. Según Parra, este paso «agilizará muchas cuestiones en intervención, ya que no estaremos obligados a someternos a una fiscalización tan exhaustiva».
En cuanto a los reparos del interventor, la socialista apunta que «tengo entendido que no es algo nuevo y este método se emplea por toda España». Por contra, Sergio Muniesa (PP) desde la oposición puntualiza que «esto no es lo que siempre ha pasado. Además -añade el exalcalde- el tripartito vuelve a cometer el error de consolidar el gasto corriente a través de ingresos extraordinarios, algo que se volverá en contra del ayuntamiento tarde o temprano».
