Los tres grupos que conforman la oposición en el Ayuntamiento de Torres Torres (Todos por Torres Torres TPTT, PSOE y Compromís) han puesto en conocimiento de la Agencia Valenciana Antifraude presuntas «malas prácticas» en la gestión municipal por parte del alcalde, Víctor Mateu (PP). El temor de estas tres formaciones políticas es que esas actuaciones pudieran derivar en un «presunto delito de prevaricación», por lo que han trasladado varios expedientes a la entidad para su estudio.
Entre los documentos que han llevado por si fueran constitutivos de delito se anotan varios «incumplimientos plenarios» y actos administrativos, que requieren a juicio de estos tres grupos de una «ejecución inmediata», ya que «perjudican a los vecinos y merman económicamente las arcas municipales por la dejadez, irresponsabilidad y dejación de funciones del cargo que otorga al alcalde la Ley de Bases de Régimen local», afirman en su escrito.
Para los tres partidos, existe una «clara omisión del deber del alcalde», ya que según recoge el artículo 51 de la Ley 7/1985, de 2 abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, «los actos de las Entidades locales son inmediatamente ejecutivos», por lo que sospechan que la actitud del mandatario pudiera ser constitutiva de «un presunto delito continuado de prevaricación administrativa por omisión» tipificado en el artículo 404 de la Ley Orgánica 10/1995 del Código Penal.
La oposición ha puesto en conocimiento de Antifraude posibles anomalías en la adjudicación del contrato de servicios del quiosco-bar de la piscina. Por un lado, denuncian que «la descripción del objeto del contrato, en este caso, el bar, no se ajusta a la realidad física», en referencia a los metros cuadrados. Según explican estos grupos se habla de una superficie bastante mayor a la que en realidad tiene la instalación. También lamentan que el concesionario no haya cumplido con sus obligaciones de pago, «sin que el ayuntamiento haya intervenido en aras del cumplimiento de los pliegos de condiciones».
Igualmente se ha llevado a la agencia la liquidación económica del contrato de socorrismo, vigilancia y mantenimiento de la piscina municipal de acuerdo a lo estipulado, cuando los concesionarios «no habían cumplido con su cometido», apunta la oposición, invitando incluso al alcalde a que abriera un expediente sancionador a la empresa. Lejos de eso, afirman que «se les ha pagado el servicio y no se ha dado ninguna explicación sobre lo ocurrido» cuando la piscina se tuvo que cerrar al público varias días «por una presunta negligencia en el mantenimiento de la misma», dicen.
Respecto a los acuerdos plenarios que se considera incumplidos, el documento en Antifraude enumera la eliminación de barreras arquitectónicas en el mobiliario urbano, la reparación y mantenimiento del alumbrado público en los viales y zonas recreativas, la denominación de vías públicas y parques del núcleo urbano Ton Ferrer, entre algunos.
Compromís, los independientes de TPTT y el PSOE también ponen de manifiesto la ausencia de convocatorias de las comisiones informativas de Contratación, Economía y Hacienda o la informativa especial de Urbanismo, Obras y Servicios, preceptiva para la contratación de actuaciones y servicios, pese estar aprobada en pleno su constitución. Así, señalan cómo «se contratan solo servicios «en interés propio del grupo político municipal del PP», sin convocar la Comisión de Contratación y se pagan las facturas «sin estar revisadas y fiscalizadas por la Comisión de Cuentas o Hacienda», la mayoría pagadas por resoluciones de alcaldía preceptivas del correspondiente reparo por la anterior interventora, alegan.
Lamentan que tampoco se haya creado la Comisión de seguimiento del servicio de abastecimiento de agua potable ni se haya contratado una empresa externa para una auditoría económica financiera integral, tal y como se ratificó en sesión plenaria, ni que tampoco se haya llevado adelante el acuerdo sobre la tarifa del servicio de abastecimiento de agua potable de Torres Torres, pese a estar aprobada. A esto se suma, según la oposición «el incumplimiento del derecho al acceso a la información en virtud de la Ley de Régimen Local» y la falta de transparencia y del buen hacer recogidos en la ley.
De momento, el alcalde, Víctor Mateu, ha preferido no hacer declaraciones al respecto.
