La Conselleria de Cultura dio a principios de esta semana el paso que debe resultar definitivo para hacer realidad la reclamada rehabilitación de la Nave de Talleres Generales de la antigua siderurgia del Port de Sagunt, más conocida como La Nau, para convertirla en un espacio polivalente de cerca de 10.000 m2 para su uso cultural, social y festivo. Y es que, mientras el contrato de algo más de 1,4 millones de euros ya está formalizado con la empresa Binaria Compañía General de Construcciones desde finales de noviembre, el inicio de la actuación se sigue retrasando hasta contar con la dirección de obra, además de la coordinación de seguridad y salud.
Finalmente y para evitar nuevos retrasos que «producirían graves perjuicios al interés público y al propio inmueble», los técnicos de la dirección general de Cultura y Patrimonio se harán cargo de estos servicios, para cuya externalización el Consell había reservado una partida por encima de los 118.000 euros. Esta decisión, que, según reconoce en una resolución la subsecretaria de Cultura, Eva Coscolla, permitirá «iniciar las obras lo antes posible», suscita varias preguntas, como por qué no se optó desde el principio por esta vía, tanto para agilizar la actuación como para ahorrarse el gasto, o por qué la conselleria tardó meses en sacar a concurso la dirección de obra.
En este sentido y mientras la intervención se convocó antes del verano para empezar a estudiar en julio las cinco ofertas presentadas, la búsqueda de la prestación de los servicios paralelos no se inició hasta noviembre tras aprobarse los pliegos a finales de octubre, a pesar de que el expediente de contratación se abrió en mayo, según recoge la documentación a la que ha tenido acceso Levante-EMV.
Después de este considerable retraso, el detonante para asumir la dirección de obras desde Cultura fue el recurso presentado por el Colegio de Arquitectos de València contra el pliego de condiciones, que el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales tuvo en consideración hasta el punto de declarar la suspensión cautelar del procedimiento.
Incumplimientos legales
Según el escrito presentado por Mariano Bolant, presidente del colegio territorial de arquitectos, el pliego incumplía varios artículos de la Ley de Contratos del Sector Público, como la imposibilidad de presentar las ofertas en formato digital; la falta de cláusulas específicas para garantizar el cumplimiento de las obligaciones medioambientales, sociales o laborales; la prohibición de subcontratar tareas específicas del contrato; la falta de consideración de la calidad del personal adscrito al servicio, en detrimento de la cantidad; la necesidad de acreditar experiencia en obras similares y la baremación del mayor número de visitas a la obra por parte de los técnicos.
Frente a estos argumentos, el tribunal de contratos concedió la suspensión cautelar del procedimiento teniendo en cuenta que «los perjuicios que podrían derivarse de la continuación por sus trámites del procedimiento de contratación son de difícil o imposible reparación».
