El Ayuntamiento de Sagunt instará al Gobierno de España a mantener las oficinas del Registro Civil de la localidad. Así lo decidió ayer de forma unánime el Pleno de la Corporación tras la moción de Izquierda Unida presentada por su portavoz, Guillermo Sampedro.

El ayuntamiento reclamará que el servicio sea totalmente público y gratuito y que continúe siendo atendido como hasta el momento y que, en su defecto, lo preste personal de la Administración de Justicia. Además, también ha acordado instar al Gobiernoa que adopte las medidas oportunas y realice las modificaciones normativas pertinentes para que se mantengan todas las oficinas principales y delegadas del Registro Civil existentes en la actualidad en las cabeceras de todos los partidos judiciales y en todos los Juzgados de Paz.

Estas exigencias surgen porque, según recoge la moción, el 30 de junio de 2020 entrará en vigor de forma completa la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil con las excepciones indicadas en la Disposición Final Décima, que implica el cierre masivo de miles de oficinas actuales del Registro Civil en las medianas y pequeñas poblaciones.

De este modo, los vecinos y vecinas de los municipios que se vean afectados se verán despojados de la atención directa en este servicio y estarán obligadas a hacer las gestiones por vía telemática, a pagar por los servicios de una gestoría o despacho de abogados/as, o bien a desplazarse a la oficina del Registro Civil de una ciudad alejada de su domicilio, siendo obviamente los sectores de población más vulnerables, como las personas mayores, con pocos recursos o con dificultades de movilidad y de acceso a las nuevas tecnologías, los más perjudicados. Una vez entre en vigor esta Ley supondrá una nueva discriminación hacia lo que se viene a denominar como "España Vaciada" y por tanto un impedimento más para fijar población en un territorio en donde la despoblación ya es uno de sus principales problemas.

En este aspecto, IU recuerda que la letra l) del artículo 11. "Derechos ante el Registro Civil", recoge el derecho de todas las personas a acceder a los servicios del Registro Civil con garantía de los principios de accesibilidad universal y diseño». Po ello, cree necesario que desde los poderes públicos locales se defienda un Registro Civil totalmente público y gratuito y el mantenimiento de todas las oficinas para hacer efectiva esta demanda social.