Un vecino de Sagunt sin antecedentes penales ha sido condenado a cuatro años de cárcel por un delito continuado de estafa. El engaño estuvo dirigido contra un amigo, a quien, «prevaliéndose de su supuesta experiencia en el sector» y con la promesa de «grandes beneficios», convenció para invertir 300.000 euros en la construcción de una planta fotovoltaica en Bucarest, que nunca llegó a hacerse realidad.
La sentencia de la sección 5ª de la Audiencia Provincial de Valencia también castiga estos hechos con una multa de 7.200 euros y el pago de una indemnización por el importe de la estafa, al que se suman los intereses generados entre la presentación de la querella y la emisión del fallo.
Entre sus argumentos, el dictamen judicial, recurrible ante la sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, resalta la «puesta en escena y operativa desplegada» por el condenado para «encubrir la actuación predatoria respecto al capital entregado», que llegó hasta el punto de «avalar con garantía personal» la primera entrega de 130.000 euros, acordada en agosto de 2011, «con la inherente sensación de tranquilidad y el vencimiento de posibles reticencias de la víctima».
En el origen de la estafa, el condenado acudió a la casa de la víctima junto a otra persona a la que presentó como el presidente de la empresa estatal de energía eléctrica de Rumanía. Para dar apariencia real a la operación, el condenado también se sirvió de una empresa -Encus Invest SRL con sede en la capital de Rumanía- y varias sociedades, pero «nunca tuvo intención de llevar a buen puerto el encargo, sino obtener importantes cantidades de dinero del querellante».
Tras la entrega de todo el capital «no realizó actuación alguna para crear el parque fotovoltaico pactado, más allá de las que tenían como único fin dar apariencia real al negocio», según la Audiencia de València. El acusado sostuvo durante la investigación que la víctima fue quien quiso participar en el negocio fotovoltaico, pero el tribunal no dio crédito a esta versión, al considerar «más creíble» la declaración del denunciante por «su mayor espontaneidad».
Otro intento del vecino de Sagunt para librarse de la condena fue, según expuso durante el juicio, que «cambios legislativos sobre terrenos y bonos» habían provocado el fracaso de la inversión, pero nunca a llegó a presentar documentos que apuntalaran esta teoría, «circunstancia que constituye un indicador añadido de la apriorística intención defraudatoria del acusado, esto es, el ánimo de ilícito lucro».
Esta «convicción» del tribunal se reforzó cuando el condenado «eludió abordar la obvia cuestión principal, del camino del dinero tras las entregas, de modo que la defensa no hizo preguntas» y el acusado «no hizo comentarios, desviando la atención hacia cuestiones accesorias». En la sentencia se reconoce que ninguna de las partes pudo acreditar donde habían ido a parar los 300.000 euros, aunque sí se constató que el condenado tenía «una posición económica desahogada».
Documentación «ininteligible»
El vecino de Sagunt llegó a afirmar que compró un terreno por 65.000 ? y dedicó otro millón de euros al «despacho, secretarias, abogados, ingenieros, tasas y desplazamientos», pero otra vez sin aportar facturas que acreditaran esos destinos. Y es que «la batería de documentos en formato digital» que aportó la defensa fue calificada en sucesivos autos de «insuficiente, anodina, ininteligible en gran parte, con terminología y conceptos que requerirían periciales o explicaciones pormenorizadas en vez de referencias genéricas y no justificativas del gasto del dinero de los querellantes».
Además, la pretensión del acusado, según la sentencia, es que el tribunal «actuara de zahorí, buceando en el acta del plenario o en las actuaciones a la búsqueda y selección de extremos probatorios. En cualquier caso, el examen de las subcarpetas 'facturas pagadas' muestra la enorme desproporción entre ese importe y las cantidades obtenidas del querellado».
