La organización del Music Port Fest ha ganado al Ayuntamiento de Sagunt la batalla judicial por los gastos de la primera edición del festival, celebrada en julio de 2018. Después de que el consistorio ya hiciera frente a 54.450 euros por gastos de preproducción, comunicación y fiestas de presentación, la sección tercera del juzgado de lo Contencioso Administrativo de València ha estimado la demanda de la empresa promotora, Avant Pro Event Solutions, que reclamaba 151.250 euros más por la contratación de las ambulancias, la seguridad, las infraestructuras y los grupos de música que actuaron.
El fallo considera «no ajustada a derecho» la resolución de la junta de gobierno local que rechazó la petición de los promotores del Music Port Fest. La instrucción y el juicio acreditaron los gastos del festival y que «en ausencia de expediente alguno de contratación, el alcalde -Quico Fernández- con el concurso de la concejala de Turismo -Natalia Antonino- y la asesora jefe del gabinete de Alcaldía -Sandra Atienza- encargó verbalmente la organización del festival de música». Así quedó demostrado en la transcripción de varias conversaciones de Whatsapp.
La sentencia añade que «no está documentada ni la necesidad, ni la idoneidad de la contratación; ni concurren los requisitos para la contratación verbal; ni se trata de un contrato menor susceptible de adjudicación directa. No obstante, pudiendo recaer en el alcalde la competencia de contratación, existe una apariencia de encargo, a la que se dio cumplimiento». Así que, una vez prestado el servicio, «resulta de aplicación la doctrina sobre enriquecimiento sin causa».
El juzgado también señala al ayuntamiento el camino que debería haber seguido para no incurrir en el «irregular encargo», que era «habilitar un crédito presupuestarlo, con reconocimiento de la obligación derivada de las facturas y la autorización del gasto, una vez celebrado el festival».
Además de apelar también a las reuniones con la edila de Presidencia, Teresa Garcia, y otros representantes municipales que se comprometieron a abonar por anticipado más de 205.000 euros, entre los argumentos de la empresa que convencieron al tribunal destaca que, la semana previa al festival, la organización advirtió de su suspensión por falta de pagos, ante lo cual «el alcalde manifestó que por junta de gobierno se había aprobado ese día el pago de las facturas y la semana siguiente se abonarían, lo cual no tuvo lugar».
Como pírricas victorias, la sentencia no atiende la reclamación del pago de intereses ni costas procesales por parte del consistorio.
