La sentencia del juzgado de lo Contencioso Administrativo de València no solo condena al Ayuntamiento de Sagunt al pago de 151.250 euros más por la organización del Music Port Fest 2018, sino que abre la puerta a que el propio ayuntamiento adopte «acciones contra los responsables del irregular encargo, conforme a los artículos 36 y concordantes de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, dada la proximidad con la esfera de la responsabilidad patrimonial». Ese artículo se refiere a la «responsabilidad de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas», sobre las que el fallo señala explícitamente al exalcalde, Quico Fernández, por su «competencia como órgano de contratación», así como a la concejala de Presidencia, Teresa Garcia, la edila de Turismo, Natalia Antonino, y a la asesora jefa del gabinete de alcaldía, Sandra Atienza, cuyo «concurso» sirvió para «encargar verbalmente la organización del festival de música, comprometiendo el pago de la cifra ahora reclamada».
