El juzgado de lo contencioso administrativo número 6 de Valencia ha estimado íntegraente el recurso presentado por la empresa Lafarge contra el acuerdo del Ayuntamiento de Sagunt de abrirle un expediente sancionador, al entender éste que la empresa había superado la cota de extracción que tenía marcada a la hora de explotar la cantera del Salt del Llop.

El fallo condena al consistorio al abono de las costas procesales causadas, con un importe máximo de 3.600 euros. Sin embargo, como el pronunciamiento no es firme, se puede presentar recuerso de apelación.

Por ahora, el gobierno local de PSOE, Compromís y EU afronta la cuestión dividido.

Compromís es el único partido de todo el consistorio que ha dejado clara su voluntad de presentar recurso y de seguir defendiendo en los tribunales el criterio esgrimido al abrir el expediente.

De hecho, en la comisión celebrada esta mañana de forma telemática, los nacionalistas se han quedado solos a favor del recurso pues Esquerra Unida se ha abstenido y el resto de los grupos políticos, incluidos sus socios del PSOE-PSPV, se han pronunciado en contra.

El portavoz del PP, Sergio Muniesa, recalcaba luego a Levante-EMV que los servicios jurídicos municipales se han pronunciado en contra del recurso, al ver difícil que prospere, y recalcaba que la propuesta que se ha llevado a la comisión era precisamente el dictamen jurídico municipal que es partidario de no recurrir.

El nacionalista Quico Fernández insistía a este diario, no obstante, en que "lo lógico es seguir defendiendo la postura municipal y el patrimonio del ayuntamiento, aunque los servicios jurídicos municipales opinen que hay pocas opciones de ganar el recurso. Cuando uno cree tener la razón, lo importante es seguir defendiendo tus argumentos", decía.

La decisión final, en cualquier caso, se tomará en el pleno del próximo jueves.

A la espera de lo que se decida entonces, el ayuntamiento y Lafarge mantienen otros frentes judiciales abiertos. Uno es por el recurso de apelación que la empresa sí presentó cuando el Juzgado nº 4 de lo contencioso-administrativo dio la razón al Ayuntamiento de Sagunt en el expediente que abrió a la compañía por realizar su actividad minera en una superficie considerada por los técnicos municipales como suelo no urbanizable de protección forestal.

El segundo es el proceso judicial iniciado por la fábrica después de que la protección de la montaña de Romeu supusiera en la práctica la imposibilidad de ampliar su cantera por donde tenía previsto desde hace décadas.