La asociación de vecinos La Forja, a través de su presidente, Ricardo Fernández, ha reclamado una mayor transparencia en la información que rodea a la desalinizadora de Sagunt, inversión millonaria acabada desde hace años, que no produce agua por falta de clientes. La queja del colectivo se centra en el «impacto económico para la ciudadanía y el tejido empresarial, además del ambiental» que podría ocasionar la puesta en marcha de esta planta, por la que Acuamed emitió recientemente una factura de 2,3 millones de euros para que el ayuntamiento la abonara.
Esta cantidad, que el consistorio se negó a pagar, responde a los acuerdos adoptados por la empresa estatal y la administración local en un convenio firmado en 2007 que cargaba sobre las arcas municipales toda la responsabilidad de la amortización, gestión y mantenimiento de la desalinizadora, aunque no produzca agua. En esta línea y además de acusar al ayuntamiento de «falta de información», los vecinos de La Forja insisten en la urgencia de dejar sin efecto este convenio, que resulta «dañino» para una ciudad que «no tiene ninguna necesidad de tener desaladora».
