El Ayuntamiento de Canet d’ En Berenguer va a buscar responsabilidades por un hecho que destapó en 2019 el nuevo gobierno local del PSOE, Compromís y EU: Que el consistorio llevaba años pagando los seguros médicos a numerosos empleados municipales ya jubilados y a sus familiares.
El alcalde, el socialista Pere Antoni Chordá, lo descubrió entonces al recibir facturas a firmar de 28 beneficiarios y pedir explicaciones, lo que permitió zanjar aquella práctica al entenderla «irregular» y rebajó considerablemente los gastos anuales por este concepto, al reducirlos a los 6 trabajadores en activo.
No obstante, ahora, el pleno ha decidido comunicar lo ocurrido a la Conselleria de Administraciones Públicas y al Colegio de Secretarios e Interventores para determinar si se pueden exigir responsabilidades a nivel político o técnico.
La iniciativa partió de una moción presentada por el partido Agrupación Canet, que lidera el edil Joaquín Rambla y la propuesta obtuvo el respaldo unánime de todos los partidos.
En ella, Rambla sostiene que durante más de veinte años no se había actualizado el listado con los funcionarios que estaban inscritos en ese servicio, así como de sus familiares más directos. No obstante, se centra en pedir explicaciones a partir del último mandato, «porque es cuando nuestra agrupación tenía representación en el ayuntamiento y es evidente que ha habido una mala gestión con el dinero público, fruto de los impuestos que pagamos todos», apuntaba a Levante-EMV.
De acuerdo con el informe elaborado por el ayuntamiento a petición de la Agrupación Canet, la previsión de gastos del ayuntamiento en seguros médicos para este año 2020 era de del 10.377,62 €, una cifra muy alejada de la media pagada anualmente por este concepto desde 2015 a 2019 cuando se abonaron en total 128.579,12 euros, es decir, unos 32.144,75 € de media al año.
Para determinar lo ocurrido, el pleno acordó pedir un dictamen al Colegio de Secretarios e Interventores «para aclarar si hubo actuación negligente y/o no ajustada a derecho por parte de ambos técnicos, en la contratación» del servicio de la aseguradora contratada.
También se van a remitir a la Conselleria de Administraciones Públicas todos los datos relativos de esa póliza «haciendo constar que, a la fecha de Diciembre del 2.019, eran 28 beneficiarios, entre funcionarios y familiares de los mismos y que en la actualidad una vez revisado el listado real, éste se ha quedado en 6 beneficiarios».
Igualmente se pedirá que los Servicios Jurídicos de la Conselleria estudien «si cabe depurar responsabilidades políticas de los cargos públicos que ejecutaron la contratación y en sucesivas actuaciones».
Por último, el ayuntamiento solicitará a la aseguradora médica un informe completo y una memoria detallada de todo el personal que ha permanecido en esta póliza desde su creación, así como la relación de modificaciones que se ha ido generando cada año desde su inicio.
De este modo, el consistorio da un paso para esclarecer lo sucedido con estos pagos que el edil de Personal, Eduardo Almor, ya calificó de «indebidos» cuando este diario informó en exclusiva de que se habían detectado.
Como apuntaba tras el acuerdo el edil Joaquín Rambla, «es un ejercicio de transparencia, después de mucho tiempo en que no la habido, sobre todo, cuando estaba de secretario municipal José Antonio Sancho Sempere», comentaba en relación al exfuncionario de Canet condenado dos veces en los últimos años: Una a 6 años de prisión por prevaricación, falsedad documental y malversación de caudales públicos por ser uno de los presuntos cabecillas de la «trama de las asesorías», más otra anterior a dos años de cárcel por cohecho en La Pobla de Farnals.
