La desalinizadora de Sagunt no deja de ser fuente de problemas para Aguas de las Cuencas Mediterráneas (Acuamed). Y es que cuando parecía que despegaba la inversión de más de 40 millones de euros al encontrar a su primer cliente, la empresa estatal se ha visto forzada ahora a recurrir a un contrato puente para mantener la planta abierta.
El motivo es que la concesión de los servicios de operación, mantenimiento y conservación se agota a principios del próximo ejercicio, concretamente el 13 de enero, sin que haya posibilidad de prórroga ni dé tiempo ya a completar el procedimiento para una nueva contratación.
Después de que la primera adjudicación, que favoreció a Pavasal por más de 850.000 euros al año, ya estuviera salpicada por un recurso elevado al Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, en esta ocasión dos empresas alegaron en esta instancia contra el pliego de condiciones del nuevo contrato, cuya tramitación se puso en marcha en la segunda quincena de julio con un presupuesto anual por encima de los 1,3 millones de euros.
Así y según confiesan los técnicos de la empresa estatal, «en previsión de que los plazos de los procesos de licitación y adjudicación no sean suficientes para posibilitar que se adjudique el nuevo contrato y a fin de garantizar la continuidad en la operación y mantenimiento de la desaladora al tratarse de un servicio recurrente y necesario para el adecuado funcionamiento de Acuamed, se hace imprescindible la licitación de un nuevo contrato ‘puente’ de servicio».
De esta forma, la sociedad dependiente del Ministerio de Transición Ecológica ha sacado a concurso la concesión del servicio durante cuatro meses y medio por un precio ligeramente superior a los 250.000 euros. Las empresas tienen hasta el viernes de la próxima semana para presentar sus ofertas, mientras que los interesados están convocados para mañana a una visita por las instalaciones de la planta de desalinización de Sagunt.
Las funciones que Acuamed espera que se desarrollen a través de «un equipo multidisciplinar, no siendo posible desarrollarlo con personal propio», se centran en la «prestación de cuantas tareas sean necesarias para operar y mantener la desalinizadora en correcto funcionamiento, realizando el mantenimiento predictivo, preventivo, reglamentario, metrológico, correctivo y específico; la conservación de la obra civil; la limpieza; la calibración de la instrumentación; el seguimiento y el control de la eficiencia energética; la sustitución de consumibles; la reparación de cualquier elemento; el control analítico de procesos; la gestión del plan de vigilancia ambiental; así como el aporte de material fungible, piezas de recambio y de reactivos».
Entre la documentación que acompaña a este último expediente de contratación, que se aprobó a principios de este mes, destaca la previsión de que la planta apenas funcione a un 5 % de su capacidad, «como máximo», gracias «a la inminente entrada en servicio para suministro a la industria Oxígeno de Sagunto». Esta producción, según el pliego del contrato, apenas supone 12.000 euros en el gasto contemplado para la prestación del servicio durante cuatro meses y medio.
En esta documentación también se detalla la necesidad de disponer de ocho trabajadores con dedicación exclusiva para desarrollar las tareas previstas, entre quienes se incluyen un jefe de planta y su ayudante, un jefe y tres oficiales de mantenimiento, además dedos oficiales de operación.
Cabe recordar que esta planta, que se acabó de construir en 2013, cuenta con las canalizaciones desde 2015 y entró en fase de explotación a principios de 2018. En una parcela de más de 78.319 m2, el edificio tiene un cuerpo principal de planta rectangular de dimensiones 30x70 metros con una cubierta metálica.
Adyacente a esta nave se encuentra el edificio de control, con planta en forma de L de dos alturas, con una superficie de 800 m2 para la planta baja y de 485 m2 para la primera con una terraza de 60 m2.
La desalinizadora tiene una capacidad de producción de 23.310 m3 al día, de los que apenas 738 están comprometidos para Oxígeno Sagunto. La salinidad de esta agua, según Acuamed, no alcanza las 400 partes por millón (ppm).
La comisión de Transición Ecológica del Senado debate mañana la propuesta de Compromís para que el Gobierno se haga cargo de la amortización de varias desalinizadoras valencianas, entre las que se encuentra la de Sagunt. El senador de Compromís, Carles Mulet, será el encargado de defender esta moción, que, según recuerda, «ya fue rechazada en 2017 por el PP con la abstención del PSOE». Ahora, el nacionalista reclama a estos partidos que «den una salida a los ayuntamientos», en lugar de «cambiar de criterio en función de cuando les toca poder u oposición, mientras nuestros ciudadanos ven pisoteados sus derechos». Así, la moción pide la derogación de los «inviables» convenios que Acuamed firmó con los ayuntamientos, a los que condenó a «pagar cantidades millonarias» por «proyectos desproporcionados» y por un agua que no necesitan. La propuesta también contempla la elaboración de «un nuevo estudio de viabilidad sobre los posibles usos, aprovechamientos y costes de estas desaladoras, además de renegociar los acuerdos con las entidades locales».
