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Sagunt aumenta la presión contra el Estado por la desalinizadora

El Senado ya aprobó la misma propuesta

La desalinizadora de Sagunt. | DANIEL TORTAJADA

La desalinizadora de Sagunt. | DANIEL TORTAJADA

El Ayuntamiento de Sagunt insistirá esta tarde en la exigencia al Estado para que se haga cargo de todos los gastos relacionados con la desalinizadora. Será a través de una moción presentada por Compromís, formación que hace unos días llevó este mismo asunto a la comisión de Transición Ecológica del Senado, donde se aprobó con la abstención del PSOE y el grupo vasco.

Para hoy, si no hay cambios de criterio, se espera que los socialistas den su visto bueno a esta propuesta, como ya hicieron en julio de 2018, cuando el pleno llevó esta exigencia en forma de declaración institucional respaldada por todas las formaciones municipales.

Los argumentos con los que Compromís defenderá esta tarde su propuesta son los mismos que se han reiterado en los últimos años, basados en que resulta inviable que las arcas de Sagunt se hagan cargo de los fondos no subvencionados para la construcción de la planta, cerca de 27 millones de euros, más si cabe cuando la capital comarcal no tiene necesidad de agua desalada.

Así, entre los acuerdos que se aprobarán hoy también se encuentra la reclamación de que el convenio firmado en su día por el ayuntamiento y el Estado se deje sin efecto y se elabore un plan para analizar usos alternativos para la desalinizadora.

El consistorio también instará a la Confederación Hidrográfica del Júcar a que asuma el coste de los recursos hídricos de la planta de Sagunt para ser aprovechados por el conjunto de la cuenca hídrica.

Mafias urbanísticas

El debate de hoy será una continuidad del que hace poco más de dos semanas se vivió en el Senado. El nacionalista Carles Mulet fue el encargado de defender su propuesta, sobre la base de que «estas desaladoras se construyeron para garantizar el suministro de los grandes pelotazos urbanísticos, impulsados en muchos casos por mafias, que el estallido de la burbuja inmobiliaria dejó sin ejecutar, pero ahí se quedaron estas plantas millonarias, como grandes amenazas para los ayuntamientos».

El senador de Compromís también señaló que «entendemos que los convenios firmados no tienen validez, ya que la primera en incumplirlos fue la propia Acuamed, al no informar de los sobrecostes ni convocar las comisiones de seguimiento previstas». En cualquier caso, «la espada de Damocles sigue ahí y es un error que todavía estamos a tiempo de enmendar».

Desde el PSOE, Manuel Miranda, apuntó que los convenios firmados en su día «son jurídicamente vinculantes» y, una vez suscritos, los ayuntamientos «deben ser consecuentes». El senador socialista trató sin éxito de enmendar la propuesta para instar a la firma de acuerdos provisionales, como el que Sagunt ya rechazó, y pidió que se intensificara la búsqueda de nuevos usuarios. Miranda también señaló que «en un país como el nuestro, las desaladoras son imprescindibles y el programa Agua fue un acierto».

Chantaje

Entre las formaciones que dieron su apoyo estaba el PP, cuyo senador, Vicente Martínez, destacó que «la multimillonaria construcción de desaladoras fue una solución partidista, una salvajada a la que ahora tenemos que dar solución mediante lo que no se hizo entonces, como estudios de viabilidad». El popular también señaló como el PSOE «chantajeó a los ayuntamientos que quisieran cambiar su PGOU con la obligación de aceptar una desaladora».

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