La sección primera de la sala contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunitat Valenciana ha echado más tierra sobre la pretensión de varios colectivos de revocar el permiso a Lafarge para la ocupación de 33 hectáreas del monte de Romeu hasta 2042.
Después de que una primera sentencia ya diera la razón a la Generalitat en la concesión de la autorización por entender que los denunciantes, el alcalde y varios concejales del anterior gobierno, no estaban legitimados para presentar el recurso, en este segundo caso la Justicia entra en el fondo para alcanzar la misma conclusión tras las denuncias presentadas por la Plataforma en Defensa de la Montaña de Romeu-Bonilles, el Centre d’Estudis del Camp de Morvedre, la Associació de Propietaris Tres Barrancs y la Associació de Veïns Bonilles-Romeu.
Estos colectivos impugnaban el permiso concedido por la director general de Medio Natural y Evaluación Ambiental en octubre de 2017, unas semanas antes de que se agotara la anterior autorización, que estuvo rodeada por una agria polémica con amenazas de cierre de la cementera e incluso el encierro de los trabajadores durante varias horas en el salón de plenos del Ayuntamiento de Sagunt.
Los argumentos de los denunciantes se referían a cuestiones como la falta de adaptación al decreto 82/2005 sobre la Ordenación Ambiental de Explotaciones Mineras en Espacios Forestales de la Comunitat Valenciana; la necesidad de declaración de impacto ambiental; la vulneración de los valores ambientales; la modificación de las condiciones tras la ampliación irregular de la cantera; la incompetencia del órgano que dictó la resolución o la incompatibilidad urbanística.
La Generalitat y Lafarge respondieron punto por punto a estos motivos de impugnación, que el juez resolvió a su vez, no sin antes confirmar la falta de legitimidad de la plataforma en defensa de Romeu para personarse en la causa. En cuanto al resto de los argumentos, todos desestimados, la sentencia declara que no hubo indefensión de los colectivos denunciantes o que el Plan de Restauración Integral aprobado en 2010 ya analizaba los valores ambientales haciendo innecesaria tanto la declaración de impacto como la mayor protección de la Cova del Sardiner.
Argumentos «carentes de fuste»
La sentencia incluso señala que alguno de los motivos de los denunciantes «carece de fuste» y tumba varios al señalar que «no afectan a la solicitud de ocupación de monte público», sino a la explotación minera que «no es objeto de este recurso». El juez tampoco considera relevante para esta causa el expediente sancionador impuesto por el ayuntamiento a la cementera por superar los límites de la concesión de la cantera o que el consistorio fuera desfavorable a la concesión del permiso de ocupación, ya que «la competencia es de la dirección general».
El último aspecto analizado por el fallo del TSJ tiene que ver con las cuestiones urbanísticas, sobre las que concluye que los denunciantes «en ningún caso acreditan la pretendida expansión de la actividad fuera del espacio acordado». Así, la sentencia «inadmite íntegramente la pretensión de declarar la caducidad de la explotación minera de Lafarge en los espacios de Salt del Llop y Bonilles y desestima el resto de pretensiones contenidas en el escrito de demanda».
El fallo también condena a los denunciantes al pago de las costas procesales hasta un máximo de 3.000 euros.
