La desalinizadora centró ayer la mayoría del debate durante el pleno ordinario que le sirvió al Ayuntamiento de Sagunt para poner el punto final a 2020.
Por una parte, el tripartito se quedó solo en la aprobación del plan local de sequía, donde el único punto de desencuentro fue la inclusión de la planta de Aguas de las Cuencas Mediterráneas (Acuamed) entre las posibles fuentes de abastecimiento en la capital comarcal. Posteriormente fue el turno de lo que se presentó como declaración institucional, que el secretario municipal puntualizó que se trataba de una moción de los grupos políticos, para reclamar la anulación del convenio firmado en 2007, que carga a la hacienda local la amortización de la planta que costó más de 40 millones de euros.
Aunque éste no es el primer acuerdo unánime que se adopta en el pleno sobre esta materia, la novedad de ayer es que los concejales y el alcalde, Darío Moreno, a la cabeza, instaron a los servicios técnicos y jurídicos del ayuntamiento a que preparen la demanda judicial para presentarla en menos de tres meses con el objetivo de anular el convenio en el que hace casi 14 años estamparon su firma los que por aquel entonces eran el director general de Acuamed, Adrián Baltanás, y la alcaldesa de Sagunt, Gloria Calero.
Esta voluntad de llevar el asunto a los tribunales volvió a ser puntualizada por el secretario, quien señaló sobre la moción que «no es una simple declaración política, sino que se pide una actuación a los servicios jurídicos. Adelanto -prosiguió- que este acuerdo no vincula la posición jurídica, al menos por la parte que afecta a esta Secretaría General, ya que se emitirá un informe sobre la conveniencia o no de presentar este recurso».
Aunque este problema está enquistado desde hace años, el endurecimiento de la postura municipal responde al giro de varias facturas millonarias por parte de Acuamed al consistorio para que empiece a hacer frente a sus compromisos con la amortización de la planta. Así y según la moción aprobada ayer «cualquier dilación sin que haya una solución juega en contra de los intereses del Ayuntamiento de Sagunto y su ciudadanía, siendo esta última quien tendría que hacer frente a unos costes derivados de una decisión política que incluía la firma de un convenio con unas cláusulas difícilmente explicables».
«No tiene buena pinta»
Después de que el debate sobre la desalinizadora se concentrara en el vinculado al plan de sequía, Manuel González (IP) fue el único en tomar la palabra en este punto para señalar que «la negociación política es la única vía para que el ayuntamiento se quite de encima esta espada de Damocles de 43,5 millones de euros. No tiene buena pinta -insistió- y esperemos que se pueda iniciar el contencioso, porque no permitiremos que, al final, sean los vecinos en su recibo del agua los que tengan que pagar la planta de desalinización».
