Canet investigará más "excesos" urbanísticos para evitar nuevas condenas

La puesta a la venta de dos parcelas con dudas sobre su aprovechamiento urbanístico han llevado al Ayuntamiento de Canet d’en Berenguer a encargar una auditoría externa con el principal objetivo de evitar nuevas condenas que graven a las arcas municipales. Se trata de dos solares de 725 y 107 metros cuadrados situados en las calles Arnau de Vilanova y Guillem de Castro, respectivamente, destinadas a la construcción de sendos apartahoteles, que ya desde hace un tiempo despertaron las sospechas del concejal de la agrupación Canet, Joaquín Rambla, que fue quien presentó la moción al pleno que ha desembocado en la investigación que se abrirá para tener una tercera opinión sobre estos terrenos.

Y es que, mientras los técnicos municipales mantienen que la volumetría de esa manzana ya está agotada, la información catastral en el Registro de la Propiedad refleja que todavía hay aprovechamiento por desarrollar, una cuestión que, en el caso de que estas parcelas cambien de manos, podría provocar un nuevo embrollo judicial para el consistorio, que todavía se recupera de los 2,2 millones que tendrá que pagar para hacer frente a una sentencia por la adjudicación del suelo para el colegio privado.

Rambla fue el encargado de abrir el debate, cuando recordó que esta controversia se inició en 2005 y que ya en 2018 presentó una moción para que se resolviera. «Si se realizara la venta de estos terrenos -apuntó el edil- nos podríamos encontrar con dos graves contenciosos». El concejal también señaló los resultados de las tres auditorías que se realizaron durante el pasado mandato municipal, que desvelaron «muchas sorpresas».

A este respecto, Rambla matizó que «en estos casos y más que buscar culpables políticos, la responsabilidad es de los técnicos y especialmente del secretario», el condenado por varias causas José Antonio Sancho Sempere. El edil también pidió que se persigan estos excesos urbanísticos para no incurrir en la «doble vara de medir», que ha llevado al Ayuntamiento de Canet a emprender «cuatro o cinco» procedimientos judiciales contra algunos vecinos «por cerrarse un simple balcón o el porche», según aseguró el concejal.

En el debate sobre este punto, que se aprobó por unanimidad, los concejales de EU, Luis Salvador, y Cs, Carla García, coincidieron en la necesidad de «asegurarnos de que las cosas se hacen bien e ir cerrando los melones urbanísticos de uno en uno», en palabras del edil de la coalición de izquierdas. En esta línea, el alcalde, Pere Antoni, apuntó que «hay mucha faena para arreglar las cosas que se han hecho mal, pero debemos ir poco a poco para ser más ágiles, porque en urbanismo todo va muy lento».

«Nefasta» gestión urbanística

Desde la oposición, el portavoz del PP, Leandro Benito, apuntó que «el urbanismo en Canet ha estado nefastamente gestionado» y reclamó un análisis más general, la constitución de una comisión sectorial, así como la revisión del plan general de ordenación urbana (PGOU) para tratar de resolver los problemas generados en el pasado.

El portavoz del PSPV, Eduardo Almor, no tardó en darle réplica preguntando al popular por qué su gobierno no actuó en 2018 cuando se planteó esta controversia. Además, el socialista señaló que «debemos actuar según surjan los problemas, porque una auditoría global sería una locura por la imposibilidad de arreglar todo lo que surgiera». En esta línea, el concejal de Compromís Toni Antoni coincidió en que «sabemos que el 99 % de las promociones de la playa tiene exceso de volumetría, pero hacer las auditorías sobre estas parcelas ya consolidadas solo nos llevaría a su derribo».

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